El memorándum entre Argentina e Irán que enfrentó al fiscal Nisman con el Gobierno de CFK
En qué consistía el documento que enfrentó a Alberto Nisman y el Gobierno de Cristina Fernández, y el acuerdo que nunca llegó a aplicarse.
El Memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán, un texto de tres páginas redactado en tres idiomas (español, farsi e inglés), se compone de nueve puntos y fue firmado el 27 de enero de 2013 en Adis Abeba, capital de Etiopía, por el iraní, Ali Akbar Salehi, y el argentino, Héctor Timerman, ambos ministros de Exterior en representación de sus respectivos Gobiernos.
El texto representa el principio de un acuerdo para investigar el ataque terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que se llevó a cabo el 18 de julio de 1994 y en el que murieron 85 personas y 300 resultaron heridas.
Mediante una investigación judicial en Argentina se determinó el 2006 que el Gobierno de Irán había planeado el atentado, y que sus impulsores eran cinco ex funcionarios iraníes y un libanés miembro de Hezbolá. El 2007 se solicitó a la Interpol la detención de los seis sospechosos.
En el punto más importante del documento, se detalla la creación de la denominada “Comisión de la Verdad” para cooperar con la investigación. Estaría compuesta por cinco comisionados y dos miembros designados por cada país (pero que no podían ser ni argentinos ni iraníes), y ambos países acordarían conjuntamente un jurista internacional como presidente de dicha comisión. Además, se estableció que Rodolfo Canicoba Corral, sería el juez a cargo de la investigación, en conjunto con el fiscal especial para el caso, Alberto Nisman, quienes podrían interrogar a los sospechosos iraníes en Teherán.
En un comienzo, la presidenta Fernández presentó el acuerdo como “un hecho histórico”, porque se desbloquearía la investigación del atentado, pero con el tiempo terminó revelándose que era irrelevante, sobre todo porque el Parlamento de Irán no lo aprobó y fue declarado inconstitucional por la Justicia de Argentina, con lo que nunca entró en vigor.
Por su parte, la comunidad judía siempre se mostró en desacuerdo con el memorándum, pues lo veían como un pretexto para que la Interpol retirase la orden de detención contra los sospechosos. Además, la firma de un convenio para compartir datos de la investigación con el país que era considerado culpable del atentado y, por tanto, interesado en ocultar pistas, también fue fruto de polémicas.
El acuerdo era tan resumido que no establecía detalles vitales, como por ejemplo, precisar plazos y procedimientos de la “Comisión de Verdad”, o el que las autoridades judiciales argentinas debían viajar a Teherán para interrogar a los sospechosos, donde no tendrían jurisdicción ni autoridad para dictaminar una sentencia.
Más allá del fracaso diplomático que significó dicho documento, el fiscal Nisman aseguró en la investigación recientemente revelada que el acuerdo entre Irán y Argentina era tan solo una pantalla para ocultar las negociaciones secretas entre ambos gobiernos, las que se alargaron por dos años.
Según el fiscal, la presidenta argentina y el ministro Timerman “tomaron la delictiva decisión de fabricar la inocencia de Irán para saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos de la República Argentina”.
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