Caso Tsunami: Acusados aceptan suspensión del proceso en su contra y pago de indemnización
José Luis Pérez Calaf explicó que no existen antecedentes que vinculen a la Mandataria en la muerte de 104 personas ocurrida la madrugada del 27-F.
Este lunes seis de los acusados del denominado caso Tsunami aceptaron ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago las condiciones para optar a la suspensión del proceso en su contra, y así tener la opción de ser sobreseídos definitivamente en el plazo de un año.
Para dicho proceso, el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende Lynch deberá pagar un total de $80 millones; la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) Carmen Fernández, $40 millones; y el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la ONEMI, Johaziel Jamett, $5 millones.
Por su parte, el ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones de este, Andrés Enríquez, y el ex oficial de guardia Mario Andina, deberán entregar una compensación económica de $40 millones.
De este dinero, $235 millones serán repartidos entre las familias de las 104 personas fallecidas, mientras que el resto será utilizado para la realización de un seminario de Plan de Protección Civil.
Fiscal e investigación contra Bachelet
La Fiscalía Metropolitana Occidente anunció este lunes ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago su decisión de no continuar la investigación en contra de la Presidenta Michelle Bachelet, quien fue sindicada por uno de los querellantes del caso Tsunami como una de las responsables de la fallida alerta de maremoto del 27 de febrero de 2010.
Así lo señaló, el fiscal José Luis Pérez Calaf quien argumentó que no existen antecedentes que vinculen a la Mandataria con la tragedia que dejó 104 personas fallecidas. Asimismo, comunicó la misma decisión respecto de 73 personas en cuya muerte no se encontraron responsables.
Familias de las víctimas declaran
Durante esta jornada, 141 familiares de las víctimas del tsunami del 27 de febrero de 2010 están invitadas a pronunciarse ante la magistrada del Séptimo Juzgado de Garantía.
La instancia es para ejercer el derecho de ser escuchados de los familiares de las víctimas, antes de que se resuelva la solicitud de suspensión condicional del procedimiento que hará formalmente el fiscal José Luis Pérez Calaf a la jueza Carolina Gajardo.
Los familiares ya han señalado su disposición a oponerse al acuerdo que alcanzó el fiscal Pérez Calaf con los abogados de los imputados para evitar el juicio oral.
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