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Jefa del Ministerio Público solicita un antejuicio a los magistrados de la Sala por entregar poderes dictatoriales a Nicolás Maduro

Después de ser rechazada por el TJS para anular la Constituyente de Venezuela, Luisa Ortega decidió denunciar a los magistrados que liquidaron las competencias del Parlamento.

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14 Junio, 2017

La batalla entre la Fiscal general, Luisa Ortega, y el gobierno de Nicolás Maduro, se está poniendo color de hormiga.

Ahora, la magistrada solicitó un antejuicio de mérito contra los magistrados de la Sala Constitucional que en marzo le dieron poderes dictatoriales al Presidente de la República.

Apoyada por la coalición política opositora, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la fiscal hace la denuncia contra seis miembros principales y dos suplentes de la Sala Constitucional que, a finales de marzo, mediante dos sentencias, liquidaron las competencias del Parlamento y otorgaron, según ella, poderes dictatoriales al presidente Maduro.

“El Gobierno pretende desmantelar al Estado y conspira para alterar la forma republicana, como está establecida en la Constitución. No es sólo a través de un acto de fuerza como se conspira contra la nación, sino también con sentencias”, argumentó Ortega.

Debido a la polémica, el oficialismo propone —a través del diputado chavista Pedro Carreño— pedirle al Tribunal Supremo que autorice que una junta médica determine si la fiscal general está en sus cabales.

“Esta señora no está normal. (…) Pero como no tengo potestad para evaluarla, que sean los psicólogos que determinen su insania mental”, dijo el parlamentario.

Recordemos que la semana pasada la magistrada presentó  una solicitud a la  Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, para que anulara la Asamblea Nacional Constituyente convocada para el 30 de julio, promovida por el mandatario venezolano.  

En la instancia argumentó que el Consejo Nacional Electora (CNE) violó el principio de derecho a voto y por lo tanto es un proceso inconstitucional. “En una Constituyente tiene que participar el pueblo”, argumentó la autoridad sobre la movida que cambiará la Carta Fundamental de Venezuela.

Sin embargo la Justicia del país Latinoamericano rechazó la petición por “inepta acumulación de pretensiones”, es decir, por pedir en el mismo escrito la nulidad de las actuaciones de distintos órganos de los poderes públicos.

Además, el tribunal agregó que Luisa Ortega no estaba legitimada para solicitar esta aclaratoria.

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