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Asesorías parlamentarias: La guerra entre el Ministerio Público y el Senado

Cony Stipicic, Juan Manuel Astorga y Matías del Río comentaron la entrevista del fiscal Manuel Guerra en Estación Moneda.

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Por: - 12 septiembre, 2017 - Comentarios

Más de $18 millones al mes, este el monto que tiene la Cámara Alta para contratar asesores externos, según revela el documento de la Transparencia Activa del Senado en el  ítem llamado “gastos de presidencia y vicepresidencia”, consignó La Tercera

“El presidente y el vicepresidente del Senado pueden contratar personal de apoyo para el desempeño de sus funciones, con un límite máximo mensual de $10.013.290, para la presidencia y de $ 7.986.011 para la vicepresidencia”, señala el texto.

Este ítem es financiado por el Fisco para que la directiva de los senadores pueda contratar asesores de apoyo para sus respectivas funciones. Entre estos colaboradores están los consultores externos los cuales son cuestionados tras detectarse informes plagiados.

En Hablemos en Off, Cony Stipicic comentó la entrevista del fiscal Metropolitano OrienteManuel Guerra en Estación Moneda que reveló que se abrió una arista en el financiamiento irregular de la política y que “al menos una empresa que hizo esta ‘martingala’, habría prestado asesorías en el Senado”.

Asimismo, explicó que el persecutor aseguró que lo que se está indagando es el fraude al fisco y no un delito de estafa, en particular del asesor, no pensando en un ilícito por parte del parlamentario

Por su parte, Matías del Río señaló que “es el Ministerio Público versus el Senado, cerrado como ostras, porque dicen que no los pueden investigar porque son un poder del Estado”.

Ante esta situación, Juan Manuel Astoga señaló que “tengo la sensación de que cuando apareció el caso de las boletas ideológicamente falsas, no está muy distante del accionar actual del Ministerio Público, porque lo que empezó a hacer es indagar por todas las aristas correspondientes, a través del SII, a todos los parlamentarios“.

 “Es distinto que el Ministerio Público entre a indagar al Senado, a que el Senado entregue toda la información para encontrar delitos de prestadores. En uno aparece la Cámara Alta oculta algo y en el otro mantiene su prestigio a nivel social”, aseguró del Río

Asimismo, Astorga aseveró que “al final del día es el Ministerio Público el que determinará si hay delito o no, porque hoy día ya no es solo es el Congreso parlamentario particulares y asesores, sino que son fundaciones y centros de estudios que están en tela de juicio”.

 

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