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Pablo Gómez por suspensión condicional a SQM: “Propondremos que la empresa pierda el total de los beneficios fiscales y los entregue a beneficencia”

Matías del Río y Nicolás Vergara conversaron el fiscal de Valparaíso quien explicó las ventajas de llegar a un acuerdo con la minera no metálica.

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Por: - 12 enero, 2018 - Comentarios

El fiscal de Valparaíso, Pablo Gómez, se refirió a la propuesta de una  suspensión condicional a SQM, que contempla un pago de una multa cercana a $2.550 millones, de los cuales, $900 irían al Fisco.

Una salida alternativa que ha sido criticada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Organismo que se había querellado en contra de SQM en la arista “Royalty”.

“Esta decisión no está resulta y si hay oposición deberá definirlo la Corte de Apelaciones” aseveró en Hablemos en Off el fiscal Gómez.

La ley 20.393 establece que solo se pueden perseguir a personas jurídicas por lavado de activos, financiamiento del terrorismo  y por cohecho o receptación.

Sobre esto, Gómez explicó “para proceder tenemos la obligación de acreditar un cohecho (entre Pablo Longueira y Patricio Contesse), respecto del cual aún no tenemos pronunciamiento, no hay sentencia; también demostrar que la empresa carecía de un modelo de prevención, cuando sí lo tenían y cumplía con todos los requisitos que establece”.

“Si vamos a un juicio, iríamos con a lo menos cinco atenuantes y, por tanto, el juez va a tener que aplicar una u otra pena. A través de la suspensión condicional, lo que estamos haciendo es obtener más que ambas: la devolución de todos los beneficios y una multa doblada: $ 2.600 millones”,aseveró el fiscal.

“Las penas de multa que contempla esta ley es desde los 9 millones a los  900 millones, ese es el marco legal y cuando se trata de un delito como cohecho el máximo son $470 millones”, señaló Gómez.

El fiscal explicó que la suspensión condicional “significa que la causa se suspende a condición de que la empresa cumpla con ciertos requisitos que el juez”. Sobre lo que propone la fiscalía es que “la empresa pierda el total de los beneficios fiscales, que son cerca de $1.500 millones y que este monto sea entregado a beneficencia que tenga trascendencia social”.

 

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