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19 Abril

¿Cómo son los nuevos Consejeros Constitucionales?: Antiaborto, a favor de las Isapres y las AFP`s

Nueva Cosntitución

Según la información del Match Constituyente de La Tercera, los electos para el Consejo Constitucional marcan una gran diferencia de pensamiento respecto a los convencionales anteriores.

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8 Mayo, 2023

Con las votaciones de ayer, la derecha quedó con el control del Consejo Constitucional, una situación completamente distinta a la del anterior proceso constituyente, donde la izquierda obtuvo la gran mayoría de los escaños.

Junto con ello, los pensamientos de los representantes también han cambiado. Según los datos que recopiló La Tercera en su Match Constituyente, el cual 41 de los 51 consejeros electos contestaron, un 60% de los electos declaró tener nula o mínima afinidad con la anterior propuesta constitucional.

Esto también se plasma en los temas de fondo de la nueva Constitución, como AFP, Isapres y el aborto. Además de la extensión que debe tener el texto, donde un 90% de los electos cree que se debe contar con una Constitución breve y no maximalista y un 7% declaró no importarle la extensión de la Carta Magna.

Sin aborto, con AFP e isapres

El 60% de los electos creen que se debe consgrar el “derecho a la vida”, con lo que el aborto no podría existir bajo ningún concepto en Chile.

Mientras que solo un 12, 5% de los consejeros constitucionales electos creen que la salud la debe administrar prioritariamente el Estado, mientras que un 87,5% definió que debe existir una libertad de las personas de elegir entre un órgano público o privado.

Por otro lado, un 17, 5% está a favor de terminar con las AFP y un 35% declaró que el actual sistema de pensiones debe mantenerse tal cual está hoy, mientras que un 47,5% de los elegidos cree que debe existir un sistema mixto, donde las personas puedan elegir entre una administradora pública o privada.

Uno de los pocos puntos de encuentro entre los actuales consejeros constitucionales y los designados en el proceso anterior es el consagrar el agua como un bien de uso público garantizando el consumo humano prioritario, acceso, protección y distribución de este recurso. Un 80% de los electos está de acuerdo con esto, mientras que solo un 20% cree que esto debe ser definido por el Código de Aguas y no en la Constitución.

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