Nueva ley endurece control sobre licencias médicas: sanciones, auditorías y hasta cárcel

Tras semanas marcadas por escándalos vinculados al uso indebido de licencias médicas, incluyendo viajes al extranjero durante reposos y atención de partos en clínicas privadas, el Gobierno promulgó la ley 21.746, que modifica sustancialmente el marco regulatorio de estos permisos. La norma eleva las exigencias, endurece las fiscalizaciones y establece sanciones que van desde multas hasta penas de presidio.

Las nuevas disposiciones se aplican a médicos cirujanos, matronas y dentistas, quienes deberán estar registrados en el sistema nacional de prestadores de salud. Para los médicos titulados desde abril de 2019, se exigirá haber aprobado el Eunacom. Además, el proceso pasará a ser electrónico y centralizado, bajo la supervisión de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, explicó que esta es “una ley mucho más estricta, que finalmente le dice a los médicos que si emitieron una licencia, ‘nosotros tenemos la potestad para auditar si efectivamente esto ameritaba de una incapacidad para trabajar’, que en la práctica es una incapacidad para hacer muchas otras cosas, no sólo trabajar, para ir al mall, para ir a comprar, para viajar, para atender un parto”.

Según Mañalich, la magnitud del fraude es tal que “si a esto se le pusiera coto, en realidad se podría terminar con todas las listas de espera en Chile en dos años, de eso estamos hablando”.

Suspensiones, multas y cárcel

La ley contempla que los profesionales que no entreguen antecedentes en 10 días hábiles podrán ser suspendidos por 15 días, prorrogables. En caso de fraude comprobado, se establece la inhabilitación perpetua.

Las multas van de 10 a 50 UTM, y las penas más graves incluyen presidio menor en grado medio a máximo y multas de hasta 1.000 UTM. Además, quienes utilicen licencias falsas arriesgan penas de cárcel y multas de hasta 250 UTM, con agravante por reincidencia.

Expertos advierten: la ley avanza, pero no resuelve todo

El abogado laboral Felipe Vargas señaló que, si bien hay avances, “el problema fundamental de las licencias médicas radica en el escaso desincentivo que tienen los trabajadores para valerse de certificados falsos y el insuficiente control en la emisión de estas licencias”.

Por su parte, la abogada Francisca Vial destacó que “cambia la voluntad política del legislador, que por años omitió enfrentar un fenómeno que degradaba silenciosamente nuestro sistema de Seguridad Social: el uso fraudulento de licencias médicas”. Agregó que “se consagró de facto un ‘derecho a la licencia’ más que un ‘derecho a la salud’”.

Lo que viene: tecnología y prevención

Vargas propuso auditorías automáticas, mayor integración de datos y fortalecimiento de organismos como Compin y Suseso. Mientras que Vial planteó un sistema de alertas tempranas con inteligencia artificial, evaluaciones periódicas a emisores, sanciones gremiales automáticas, y notificaciones digitales para validar licencias por parte del trabajador.

También recomendó una campaña pública de concientización y revisar el modelo de pago de licencias, indicando que “al no pagarse los primeros 11 días, esto incentiva la extensión artificial de licencias para superar el umbral de pago”.