Arista SQM: La estrategia de la fiscalía para evitar la prescripción

El próximo 30 de abril se cumple el plazo para la prescripción de los presuntos delitos tributarios que investiga la fiscalía en la arista que involucra a la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM).

Es decir, cumplida la fecha, el tribunal no podría condenar a un imputado si es que la fiscalía no inició acciones en su contra previo a esa fecha, extinguiéndose la responsabilidad penal de los ilícitos.

Ante esto, el Ministerio Público junto a las unidades de Anticorrupción  y de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Ulddeco), analizan las estrategias para evitar la prescripción de estos ilícitos. 

Una de las alternativas sería solicitar la audiencia para formalizar, a más tardar, el próximo 15 de abril. De esta forma, la prioridad del Ministerio Público es asegurarse de que antes del término del plazo se lleve a cabo la formalización de cargos por presuntas boletas y facturas ideológicamente falsas emitidas en 2009, las cuales estarían relacionadas con el eventual financiamiento irregular de campañas políticas en SQM.

Asimismo, se podría invocar el artículo 96 del Código Penal, con el objetivo de interrumpir o suspender el plazo de la prescripción de los ilícitos. 

Este lunes se reactivaron las diligencias entorno a la arista SQM en la Fiscalía Nacional. Durante la mañana se dio nuevo inicio a los procesos para tomar declaraciones a los ejecutivos de SQM.

Luego de la arremetida de la Superintendencia de Valores y Seguros contra Soquimich, tras formular cargos por “eventuales infracciones en la calificación de información esencial de la compañía para su difusión al mercado en los términos, forma y oportunidad que establece el marco legal y normativo vigente”, el comité Ad Hoc de SQM decidió contratar en Chile al grupo de abogados Vial Serrano, quienes serán los encargados de realizar la investigación en torno al caso, y de recoger la información, analizarla y hacer un informe tanto para el comité, como para la SVS, el SII y el Ministerio Público.

FOTO: La Tercera