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Datos protegidos: La modificación que pone en duda la privacidad de datos personales y que genera rechazo

Siete Organismos y empresas ligados a la seguridad, prestación de servicios y derechos en internet, se mostraron en contra de la normativa que habilita al Ministerio Público a pedir datos personales sin orden judicial a proveedores de servicios.

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28 Enero, 2022

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Se trata de una modificación al Código Procesal Penal aprobada en Comisión Mixta, que específicamente actualizaría la ley de Delitos Informáticos que data de 1993. Según el comunicado, esto permitiría “solicitar datos personales a cualquier ciudadano a todo proveedor de servicios, sin orden judicial previa, mecanismo de transparencia ni de rendición de cuentas que permitan controlar el uso de una herramienta de vigilancia”.

En detalle, este cambio en la ley  N° 19.223 iría en sintonía con las “exigencias del Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido como “Convenio de Budapest”, del cual Chile es parte, cuanto a la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación”, se lee en el resumen de la página del Senado.

Desde Fundación Datos Protegidos establecen que “la norma aprobada, además, impone un deber de secreto que hará imposible conocer con certeza el despliegue de intrusiones estatales que podrían afectar no solo el derecho a la privacidad de los ciudadanos, sino también la labor de periodistas y sus fuentes, medios de comunicación, organizaciones y movimientos sociales.

La respuesta tiene como objetivo frenar la iniciativa, debido a que “el texto carece de garantías de respeto y protección de derechos fundamentales que nuestro sistema jurídico exige para permitir el acceso a los datos personales de los ciudadanos”, dice la misiva firmada por la Fundación Derechos Digitales, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología e Información entre otros.

El cuestionamiento surge especialmente ante  “la norma aprobada por el Senado que faculta al Ministerio Público para requerir, en el marco de una investigación penal en curso, a cualquier proveedor de servicios que ofrezca servicios en territorio chileno, que facilite los datos de suscriptor que posea sobre sus abonados, así como también la información referente a las direcciones IP utilizadas por éstos“.

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