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Después de lo sucedido en el colegio Saint George´s: ¿Cuál es el protocolo del uso de IA en establecimientos educacionales?

Por parte del Ministerio de Educación existe un protocolo frente a casos de connotación sexual que todo establecimiento educacional, reconocido como tal, debe cumplir. Sin embargo los apoderados afectados acusan que el colegio no siguió ninguna normativa, re victimizando así a sus hijas.

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17 Junio, 2024

Hace algunas semanas, un escándalo se desató en el colegio Saint George´s de Vitacura, cuando se supo que un grupo de siete alumnos utilizó Inteligencia Artificial (IA) para crear imágenes donde sus compañeras parecen estar desnudas.

Un hecho que podría hacerse cada vez más común debido a la explosión del uso de la IA.

En Duna, conversamos con una apoderada, cuya hija fue afectada por este caso y que prefiere mantener el anonimato, quien asegura que “el colegio ha intentado bajarle el perfil en todo momento a esta situación, sin tomarle el peso a la gravedad y lo que han sufrido nuestras hijas”, enfatizando que desde el colegio no han tenido empatía con las estudiantes afectadas.

De hecho, dicen que las sanciones a los estudiantes que se declararon culpables de creación, distribución o almacenamiento del material, en un principio fueron sancionados con la cancelación de la matrícula para el próximo año, algo que tras la apelación de sus padres,, se bajó a dejarlos condicional.

Agregando: “Hasta el día de hoy esos alumnos no han recibido ningún tipo de sanción real, más que una sanción administrativa. Siguen sentándose en el asiento del lado de nuestras niñas, como si nada hubiera pasado, ni asumiendo realmente el daño que provocaron”.

¿Cuál es el protocolo frente a estos casos?

Marggie Muñoz, jefa de la División de Protección de Derechos de la Superintendencia de Educación, aseguró que todos los colegios que cuenten con el Reconocimiento Oficial del Estado, deben dar cumplimiento a la normativa.

Además, aseguró que como Superintendencia han “recibido siete denuncias relacionadas con estos hechos. Una de oficio, que presentó la propia Superintendencia el 7 de marzo; y otras seis denuncias por situaciones de connotación sexual que, posteriormente, presentaron apoderados del colegio por estos mismos hechos”.

Ninguna por parte del colegio, como lo hacen ver los apoderados afectados por el caso, que aseguran que no se denunció a las autoridades correspondientes, ni tampoco se ha dado apoyo psicológico a las víctimas.
“Durante todo el proceso, las entrevistaron varias veces, lo cual, en un protocolo de cualquier tema relacionado con la sexualidad, está prohibido hacer”, aseguran.
A raíz de estas denuncias, el establecimiento ya fue fiscalizado por la Superintendencia de Educación y se están evaluando todos los antecedentes que proporcionó la comunidad educativa para determinar si existieron incumplimientos a la normativa educacional.

Por dictamen, los establecimientos educacionales deben tener protocolos incluidos en el Reglamento Interno del colegio y contener aspectos como: el procedimiento que se seguirá cuando se recibe una denuncia o se tome conocimiento de un caso de este tipo; los plazos de investigación y resolución; las sanciones asociadas a cada falta; medidas de apoyo y resguardo a las y los estudiantes afectados; y las medidas formativas o disciplinaria a los estudiantes involucrados, entre otras disposiciones.

En caso de que se constaten incumplimientos a la normativa educacional por parte del colegio, lo que prosigue es instruir un procedimiento administrativo sancionatorio, que podría culminar en amonestaciones, multas en UTM, u otras sanciones que contempla la normativa educacional.

Junto a esto, si hay antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito, el colegio debe denunciar el hecho al Ministerio Público, Carabineros, la PDI o ante un tribunal competente, dentro de las 24 horas siguientes de haber tomado conocimiento del hecho.

La respuesta del colegio

Consultamos al colegio para saber cómo se ha abordado el caso, pero hasta la fecha, no hemos obtenido respuesta.

Por su parte, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisibles dos recursos de protección presentados por cuatro familias en favor de sus hijas. Mientras que la Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación para indagar la eventual comisión de delitos.

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