“Decreto era legal”: Gobierno respalda criterio de jefa jurídica de la Segpres por casa de Allende

Moya declaró en el Congreso que conocía la norma que inhabilitaba a la senadora Isabel Allende y a la exministra de Defensa, Maya Fernández, de participar en la operación. Sin embargo, explicó que no emitió una advertencia ya que dicha evaluación no correspondía a sus competencias.
Este martes, la ministra vocera (s) de gobierno, Aisén Etcheverry, se refirió al rol de la jefa de la división jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Francisca Moya, en el marco de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Moya declaró en el Congreso que conocía la norma que inhabilitaba a la senadora Isabel Allende y a la exministra de Defensa, Maya Fernández, de participar en la operación. Sin embargo, explicó que no emitió una advertencia, ya que dicha evaluación no correspondía a sus competencias.
En este sentido, Etcheverry, afirmó que “la jefa de la división jurídica reiteró algo que hemos dicho como gobierno y que va en la misma línea de lo que señaló la propia Contralora en la comisión, que es que en el momento, y respecto del decreto 38. Lo que correspondía era hacer un análisis de legalidad respecto del propio decreto y eso fue ratificado por Contraloría en el proceso de toma de razón, ya a eso se refería la respuesta de la jefa de la división, y eso es consistente con lo que hemos señalado como gobierno”.
Decisión de Francisca Moya
Consultada sobre si Moya debió advertir sobre las inhabilidades, Etcheverry recalcó que el proceso general no se llevó adelante de manera adecuada, lo que ha traído consecuencias políticas y administrativas.
Sobre las autocríticas que sectores oficialistas, especialmente el PS, han exigido, incluso del propio Presidente Gabriel Boric, la vocera respondió “como gobierno lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, este es un proceso que no se llevó adelante de la manera correcta, se han hecho valer responsabilidades con la salida de la ministra Sandoval en su momento, se están llevando adelante procesos de investigación administrativas para determinar responsabilidades, se está colaborando en las distintas instancias ante la justicia”.
“Este es un proceso largo, donde ocurrieron muchos trámites, muchas etapas, respecto del proceso en su conjunto, lo hemos dicho una y otra vez, esto no se llevó adelante de la manera correcta, es por eso que se han hecho valer responsabilidades”, agregó.
Finalmente, Etcheverry enfatizó que “es evidente y de público conocimiento que el proceso en su conjunto no se desarrolló correctamente, y todos hemos visto sus consecuencias”.
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