Este viernes 23 de mayo, el Colegio de Matronas y Matrones de Chile (Colmat) convocó a una movilización nacional frente al Palacio de La Moneda para manifestar su rechazo al decreto exento N°243 del Ministerio de Salud, el cual actualizará la norma técnica 150 sobre categorización de unidades hospitalarias.
Desde el gremio acusan que esta medida “pone en riesgo nuestra profesión y atenta contra la salud sexual y reproductiva” de miles de mujeres.
¿Qué dice el nuevo decreto?
La orden redefine cómo se clasifican ciertas unidades hospitalarias, es decir, el Ministerio de Salud no diferenciará las urgencias de maternidad y ginecológicas de una atención común.
A través de un comunicado, el Colegio de Matronas explicó que “el cambio se traduce en que la unidad de ginecología pasa a médico quirúrgico, la neonatología a pediatría y las urgencias y pabellones serán indiferenciados“.
Para el Colmat, esta reorganización “invisibiliza” su labor y representa un riesgo directo para las pacientes.
Asimismo, acusaron que el Ministerio de Salud adoptó esta medida sin consultar previamente al gremio, a pesar de que este había solicitado su inclusión en el proceso de revisión desde julio del año pasado. “La actitud bajo la administración de la ministra Ximena Aguilera ha sido de menoscabo permanente hacia la matronería en Chile”, señalaron.
Sara Parada, secretaria nacional de las matronas, afirma que el desacuerdo actual está en lo inclusión del gremio en el debate previo al cambio. “Nunca nos invitaron a trabajar ni nos preguntaron, y tampoco hubo una consulta ciudadana, como debiese ser”.
¿Cómo podría afectar a las mujeres?
Con esta reforma se pierde calidad, se generen barreras de acceso a servicios esenciales, y se afecte la continuidad del cuidado, especialmente en zonas rurales o vulnerables, donde muchas veces son las únicas profesionales disponibles para temas de salud sexual y reproductiva.
También existe preocupación por la posible desatención en servicios críticos como el acceso a anticonceptivos, la orientación en salud sexual, los controles ginecológicos y la interrupción voluntaria del embarazo bajo las tres causales legales.
Si estos servicios no están claramente asignados o son tratados como “indiferenciados”, podrían sufrir retrasos o ser omitidos, impactando negativamente la salud de las mujeres.
Reacciones políticas y de gremios
El gremio no es el único que ha alzado la voz. Por su parte, las diputadas Karol Cariola del Partido Comunista y Ana María Gazmuri de Acción Humanista, integrantes de la Comisión de Salud, presentaron un oficio al Ministerio de Salud solicitando los fundamentos del cambio y criticaron duramente la medida por debilitar la atención especializada.
Asimismo, Cariola advirtió que esta medida “perjudica no solo una profesión, sino que pone en riesgo la atención sanitaria de las pacientes así como no da cuenta de las reales necesidades que tienen las mujeres, las madres, las mujeres gestantes, las puérperas y los neonatos en nuestro país“.
Mientras que la diputada Gazmuri señaló que “al derivar neonatología exclusivamente a pediatría, se impide que las matronas atiendan recién nacidos patológicos, debilitando la continuidad del cuidado desde el parto. Esto no es solo una falta de respeto a una profesión histórica, es un riesgo para la salud pública“.
Por su parte, la Red de Carreras de Obstetricia de Chile también se pronunció, afirmando que esta modificación constituye ” no solo un retroceso técnico y organizacional, sino también una amenaza concreta a la calidad y especificidad de los cuidados que históricamente han sido liderados por la Matronería en nuestro país”.
La Sociedad Chilena de Gestión de Cuidado en Matronería (SOCHIGEMA) enfatizaron en que “este decreto sepulta los avances logrados en la erradicación de la violencia obstétrica y en la promoción de una atención de calidad y digna: Pone en riesgo la salud pública de atención en salud sexual, perinatal, ginecológica y de género, una situación de la cual debe hacerse responsable el nivel central y Gobierno de Chile, pero también debe ser conocida y denunciada por la sociedad civil y las comunidades”.
