Corte Suprema de Argentina confirma condena a Cristina Fernández: seis años de prisión y fin de su carrera política

En un fallo que marca un antes y un después en la historia política de Argentina, la Corte Suprema confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. La decisión, tomada por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, da cierre a la llamada causa Vialidad, en la que se le responsabiliza por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La expresidenta, quien lideró Argentina entre 2007 y 2015 y hoy sigue siendo una figura central en la oposición al gobierno de Javier Milei, queda automáticamente fuera de toda contienda electoral, incluyendo su aspiración de postularse a una banca en la Legislatura bonaerense el próximo 7 de septiembre.

Por su edad, Fernández podría solicitar cumplir su condena bajo arresto domiciliario. “El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”, señalaron los magistrados en el fallo, destacando que la resolución se basó en “la profusa prueba producida y en el Código Penal sancionado por el Congreso”.

La Corte también ratificó la absolución de Fernández en el cargo de asociación ilícita, desestimando así el pedido de la fiscalía para agravar la condena. La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la dirigente opositora Elisa Carrió, y se centró en la presunta adjudicación irregular de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez, cercano al kirchnerismo.

Reacción de Fernández y repercusiones internacionales

El tribunal consideró clave el decreto 54/2009, firmado durante el segundo mandato de Fernández, que según el fallo permitió “una fuente ilimitada de financiamiento” a la Dirección Nacional de Vialidad, propiciando un esquema de corrupción estructural. Según los jueces del proceso original, dicho decreto “brindó el contexto de opacidad suficiente para que el Administrador General pudiese […] disponer libremente qué obras se valdrían de los recursos del fideicomiso”.

Cristina Fernández reaccionó públicamente poco después del fallo. Desde la sede del Partido Justicialista, y ante una multitud de militantes, denunció que la resolución judicial constituye un ataque político: “Es un triunvirato de impresentables”, dijo sobre los jueces del Supremo. Y aseguró que: “Agregaron el cepo al voto popular”.

El impacto del fallo trasciende las fronteras argentinas, dado que Fernández es una de las figuras más influyentes de la política latinoamericana de las últimas dos décadas. Su condena se suma a una tendencia regional de causas judiciales contra expresidentes por hechos de corrupción, en una América Latina marcada por la judicialización de la política y el descrédito institucional.