Cuadros en forma de pago que no llegaron al Estado y querellas: La trama que complica a la Fundación Salvador Allende

La Fundación Salvador Allende, nuevamente, está en la mira, esta vez por un acuerdo que suscribió con el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) en marzo del 2004, bajo el mandato del expresidente Ricardo Lagos.

De acuerdo a lo publicado por El Mercurio, en aquel contrato, que regulaba la venta del Palacio Heiremans, donde en la actualidad se emplaza el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, se acordó el traspaso en un valor de UF 27.493, aproximadamente $1.000 millones, el que se iba a pagar en 20 cuotas de cerca de UF 2.750.

Pese al trato inicial, un año más tarde, la organización comenzó a evidenciar problemas para pagar los montos que debía al Estado, por lo que, junto a la repartición del Ministerio de Vivienda (Minvu) se repactó la deuda, acordando que ahora serían 20 las cuotas anuales de casi UF 1,374.

Sin embargo, los problemas para cancelar la deuda por parte de la Fundación persistieron en 2015, cuando desde la ONG manifestaron al Fisco la intención de saldar la deuda que mantenía, mediante la entrega de obras de arte que pudieran ser tasadas en el monto adeudado, el cual, en ese momento, superaba los $566 millones.

Según un comunicado del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, las obras fueron exhibidas en 2010 en la muestra Estéticas, sueños y utopías, pero tras la exposición no quedaron en bodegaje del museo, y toda la comunicación relativa a esa donación fue directa entre el curador Emanoel Araújo y la Fundación Salvador Allende.

La explicación a esto estaría en el Acta de Depósito de Especies del 21 de abril de 2017, donde, de acuerdo al medio antes citado, se explicó que “dado que las especies en cuestión corresponden a importantes obras de arte que requieren de un cuidado, mantención y conservación especializada, que Serviu Metropolitano no puede dispensar, transitoriamente, en virtud de este acto, y con el exclusivo fin antes señalado, viene a entregarlas en depósito en los términos del artículo 2.211 del Código Civil, a la propia Fundación Salvador Allende, quien se hará cargo de su custodia”.

Una demanda contra la Fundación

Tras esto, la Fundación Fuerza Ciudadana, liderada por el abogado militante del Partido Republicano, Raimundo Palamara, presentó una demanda donde busca la nulidad del contrato entre la Fundación Salvador Allende y el Serviu.

Aunque, en realidad, esta es una ampliación de la querella que habían presentado para declarar ilegal la compraventa de la casa en Guardia Vieja donde vivió el expresidente.

De esta manera, desde la organización civil buscan que el Palacio Heiremans vuelva a las manos del Estado a través del Serviu.