En medio de un tenso debate cruzado por acusaciones de cálculo electoral y discursos sobre soberanía, la Cámara de Diputados aprobó —con 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones— el proyecto que establece multas para los ciudadanos que no acudan a votar. La moción, impulsada en 2019 por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), establece sanciones entre $34 mil y $204 mil, aplicables únicamente a electores chilenos.
La propuesta generó rechazo desde el oficialismo. Luis Cuello (PC) advirtió que la sanción “es bastante elevada” y cuestionó la viabilidad del cobro: “Implica una enorme sobrecarga para los juzgados de policía local y también una ineficacia de la sanción”. En la misma línea, Jorge Brito (FA) insistió en que “aumentar las penas para quienes no participen no va a sanar la relación de la ciudadanía con los políticos”.
Desde la oposición, en cambio, defendieron la necesidad de asegurar el voto obligatorio. Andrés Longton (RN) acusó al Gobierno de incumplir su mandato constitucional: “La Constitución establece que el voto obligatorio es con sanción o multas (…) El Gobierno lo está incumpliendo deliberadamente por cálculo electoral”.
El proyecto seguirá su tramitación en la comisión de Gobierno Interior, donde se abordará el tema pendiente de los electores extranjeros, quienes según la norma vigente pueden votar si llevan al menos cinco años en Chile. Por ahora, la moción excluye de la multa a los migrantes, punto que seguirá generando roces entre oficialismo y oposición.
