La ley firmada por Zelenski que desató duras protestas en Ucrania

Luego de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski firmara una ley que otorga al fiscal general la supervisión directa de dos de los principales organismos anticorrupción del país, la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP), cientos de personas salieron a manifestarse a las calles en Kiev, Lviv, Dnipro y Odesa.

En este sentido, el presidente de Ucrania defendió la reforma como un paso necesario para combatir la “influencia rusa” dentro del Estado, luego de que dos empleados de uno de estos organismos fueran arrestados bajo sospecha de colaborar con los servicios secretos rusos.

En un discurso televisado, el mandatario también cuestionó la eficacia del sistema anticorrupción anterior, señalando que muchos casos por montos millonarios han permanecido sin resolución durante años. “No hay explicación racional para que procedimientos penales por valor de miles de millones hayan estado ´colagdos´durante años”, señaló.

Asimismo, aseguró que con esta nueva estructura se garantizará la “inevitabilidad del castigo” para quienes infrinjan la ley.

¿Qué dicen los opositores a la ley?

Diversos sectores han criticado la medida que aprobó el Parlamento, por considerar que socava la independencia de estas instituciones

Sin embargo, los opositores advierten que al quedar ambas agencias bajo la supervisión de una figura políticamente designada, se corre el riesgo de que se interfiera en investigaciones sensibles o incluso se archiven casos de corrupción.

También señalan que la medida podría afectar negativamente el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, dado que el bloque ha insistido en la necesidad de fortalecer la independencia judicial y las normas anticorrupción.

Las propias agencias afectadas expresaron en un comunicado que han sido privadas de las garantías necesarias para desempeñar su labor con eficacia y exigieron al gobierno que revierta la medida.

Desde Bruselas, la alta funcionaria encargada del proceso de ampliación, Marta Kos, calificó la ley como un “grave retroceso”, mientras que la Cámara de Comercio Americana advirtió que “socava la confianza en las iniciativas anticorrupción del país”.