Un nuevo suceso tiene en la mira al gobierno argentino de Javier Milei por supuestos sobornos en la compra de medicamentos por parte del Estado. La investigación surgió luego de que se filtraran audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, donde se denuncian pagos irregulares para facilitar contratos estatales.
Gregorio Dalbón presentó la denuncia que inició la causa, y el juez Sebastián Casanello junto con el fiscal Franco Picardi investigan una presunta red de sobornos en la compra de medicamentos por parte del Estado argentino.
La investigación apunta a que funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad, intermediarios privados y familiares cercanos del presidente Milei habrían recibido pagos irregulares para facilitar contratos con empresas proveedoras, incluyendo la droguería Suizo Argentina. También se cuestiona que el presidente Milei tenía conocimiento de estas maniobras y no actuó para detenerlas.
Según los audios…
Diego Spagnuolo: Abogado y hombre de confianza de Milei, fue titular de la Andis hasta la semana pasada. Según los audios filtrados, Spagnuolo describió un mecanismo de recaudación de sobornos donde los laboratorios farmacéuticos debían pagar entre el 8% de la facturación para conseguir contratos estatales, cifra que podría ascender a entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales.La policía secuestró dos de sus celulares y una máquina contadora de billetes
Javier Milei: El presidente no estaba involucrado directamente, pero sí sabía de la supuesta maniobra dentro de su círculo y no actuó para frenarla. Hasta ahora, ha guardado silencio y se limitó a anunciar la intervención de la Andis y una auditoría interna.
Karina Milei: Hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, es señalada como beneficiaria del 3% al 4% de lo recaudado. Su rol en la gestión de Milei es central, acompañándolo en decisiones políticas y viajes oficiales, y según los audios, su implicación en la trama corrupta estaría respaldada por mensajes telefónicos.
Eduardo “Lule” Menem: Subsecretario de Gestión Institucional y operador político cercano a Karina Milei. La investigación lo señala como presunto articulador de la red de coimas y muestra que mantiene vínculos con la familia Menem.
Martín Menem: Diputado y presidente de la Cámara baja, vinculado como nexo entre la Presidencia y la empresa Suizo Argentina, intermediaria en la compra de medicamentos.
Emmanuel y Jonathan Kovalivker: Dueños de Suizo Argentina, empresa intermediaria de laboratorios con el Estado. La policía interceptó a Emmanuel con 266.000 dólares en efectivo y 7.000.000 de pesos, mientras que Jonathan sigue desaparecido.
Daniel María Garbellini: Director de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, funcionaba como nexo con Suizo Argentina y fue señalado como responsable de manejar los pagos irregulares.
¿Cuáles son las medidas judiciales que se están tomando?
El juez a cargo de la investigación, ordenó bloquear las cajas de seguridad de los investigados por supuesto pago de sobornos en el área de Discapacidad: Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivke, además de secuestrar sus teléfonos.
Por su parte, Daniel Garbellini, fue el único que entregó su clave para acceder al celular, lo que se ha convertido en una tarea difícil para la justicia.
La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) analizará los dispositivos, mientras que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas estudia los expedientes y esquemas de contratación.
Además, los audios difundidos por el canal Carnaval muestran conversaciones donde Spagnuolo menciona a Karina Milei y a “Lule” Menem en supuestas maniobras de recaudación ilegal.
Impacto político y social
La filtración ha generado un debate político inmediato, con la oposición planeando interpelar a Karina Milei, al jefe de Gabinete Guillermo Francos y al ministro de Salud Mario Lugones, y buscar la creación de una comisión investigadora.
Sin embargo, esas no son las únicas consecuencias, ya que según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella, la confianza cayó a 2,12 puntos sobre 5, marcando el nivel más bajo desde el inicio de la gestión de Milei.
Otros posibles implicados
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también quedó bajo la lupa por adjudicaciones millonarias a la droguería investigada, mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel buscó deslindarse de la causa y reafirmar que su relación con la Presidencia es “estrictamente institucional”.
