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18 Marzo

Cómo algunos parlamentarios se han transformado en gánsteres de funcionarios públicos

FOTO: Agencia Uno

El abogado y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, Luis Cordero, acusa el uso de la querella “en el límite de la rectitud” como forma de fiscalizar a los funcionarios públicos.

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15 Marzo, 2017

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“Desde hace un rato el Congreso ha municipalizado la política pública (…) Cuando los parlamentarios comienzan a ejercer acciones contra funcionarios públicos, están distorsionando el régimen de cuentas y responsabilidad pública (…) El uso de la querella en contra de funcionarios está en el límite de la rectitud”, dijo el abogado y  profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, Luis Cordero en Hablemos en Off.

“Me parece grave haber naturalizado en el Congreso que la manera en que los parlamentarios pueden fiscalizar a los funcionarios del Estado es ejerciendo acciones penales contra ellos, distorsiona íntegramente el sistema institucional, y genera en los funcionarios públicos un sesgo al tomar decisiones”, agregó.

 

Sistema de evaluación de impacto ambiental

“Tenemos un modelo de evaluación de impacto ambiental sencillamente insostenible”, sentenció Luis Cordero en Hablemos en Off.

“Tenemos un modelo de evaluación de comisión desde el ’94 que es sencillamente insostenible, donde ingresas grandes proyectos como Hidroaysén, hasta una estación de servicio en Santiago, eso es irracional (…) El problema de este modelo es que en situaciones de crisis la tensión no sólo se da entre el proyecto y la comunidad, sino que también al interior del Estado, porque obviamente hay agendas distintas”, aseguró.

Sobre el rechazo que tuvo el proyecto minero Dominga la semana pasada en la Comisión Regional de Evaluación Ambiental, el abogado señaló que “el problema de la calificación de este proyecto, si sigues los criterios de la Corte, si no hay consistencia entre el procedimiento de evaluación técnico y la evaluación final, la Corte debería haber dicho que aquí hay un problema de motivación y anular”.

“En este caso en particular, el principal problema, es cómo se va a fundar una decisión separada del informe técnico original. En este proyecto en particular es un nuevo test a la institucionalidad ambiental, hay proyectos que con el tiempo se forman en bisagra, proyectos de grandes magnitudes, con montos significativos de inversión, asociados a comunidades determinadas y que además están en periodo electoral, sufren un estrés imposible de evitar, comúnmente son rechazados o altamente judicializados. Por ejemplo, en Hidroaysén (…) tenemos un modelo donde es bastante inevitable que la evaluación técnica viva un proceso con ponderaciones”, dijo.

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FOTO: Agencia Uno

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