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Marcelo Drago después de la eliminación de evidencia en caso Catrillanca: “Las políticas de gestión documental deben ser revisadas sustancialmente”

7 de mayo de 2018/SANTIAGO El Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago expone y entrega recomendaciones en materia de probidad y transparencia para la identificación, investigación y sanción en el grupo de trabajo para la modernización de Carabineros en la Comisión por el acuerdo nacional de seguridad pública que encabeza el ministro del Interior, Andrés Chadwick. FOTO: SEBASTIAN BELTRÁN GAETE/AGENCIAUNO

El presidente del Consejo para la Transparencia fue claro al decir que la información eliminada “no es de Carabineros ni del funcionario, es del Estado y es de los chilenos que tienen derecho a acceder a esa información”.

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20 Noviembre, 2018

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Después de conocido que un funcionario de Carabineros eliminó evidencia relativa al día en que el comunero mapuche Camilo Catrillanca fue asesinado, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, se refirió a la probidad al interior de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad.

En Noticias en Duna, Drago comentó que “las políticas de gestión documental de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de las FF.AA deben ser revisadas sustancialmente. Esto habla de falencia, de falta de políticas de gestión documental que sean solidas y que no implique que la voluntad de un funcionario pueda eliminar información clave. Por que independientemente que esté involucrado en un delito, sigue siendo grave la destrucción de memoria de información, porque no es de Carabineros ni del funcionario, es del Estado y es de los chilenos que tienen derecho a acceder a esa información”.

Además esta no es la primera vez que se elimina información relevante, como recordó Drago, hace un par de años se borró información de Ejército “vinculados a materia de inteligencia desde el año 2001 hacia atrás, eso es un atentado a la memoria histórica”.

Esto sucede debido a que tanto las FF.AA como las Fuerzas de Orden y Seguridad, “gozan de un sistema de eliminación de documentación distinto del resto del Estado.A estos organismos se les permite por ley tener reglamentación distinta y tienen distintos plazos para borrar información. Eso tiene que cambiar, uno porque ahora existe la información pública y los ciudadanos deben tener acceso a esa información. Además de que no porque pasen los años esa información deja de ser relevante. Hay nuevas tecnologías que permiten abaratar los costos de los respaldos de esa información. Tenemos que revisar el conjunto de las políticas de supresión de información y no permitir la eliminación en corto plazo”.

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