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Justicia fija ocho meses para reapertura de investigación en Caso La Polar

El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago fijó este lunes en ocho meses el plazo de la reapertura de la investigación del caso La Polar. Ello luego de acceder a la solicitud de las defensas de los tres principales imputados en el caso: Pablo Alcalde, ex presidente del retailer, María Isabel Farah, ex gerente de… View Article

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3 Febrero, 2014

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El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago fijó este lunes en ocho meses el plazo de la reapertura de la investigación del caso La Polar.

Ello luego de acceder a la solicitud de las defensas de los tres principales imputados en el caso: Pablo Alcalde, ex presidente del retailer, María Isabel Farah, ex gerente de Administración, y Julián Moreno, ex gerente de Productos Financieros, para reabrir la investigación con el objeto de realizar diligencias pendientes.

Entre las diligencias acogidas por el tribunal, está el acceso a algunas claves de computadores que estaban encriptados, acceso a actas del directorio y del comité de directores del retailer donde se discutió el plan de incentivos, solicitud de información a corredoras de bolsa y entidades bancarias, acceso al expediente del proceso judicial de convenio preventivo y acceso al servidor gemelo original, entre otras.

El pasado 16 de diciembre, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte cerró la investigación del caso, tras cumplirse el plazo de dos años para ello. Tras esto, las defensas de los imputados tenían 10 días como máximo para solicitar que se reabriera el proceso de indagación.

El 23 de diciembre, el Ministerio Público presentó la acusación contra los nueve imputados: Pablo Alcalde, María Isable Farah, Julián Moreno, Nicolás Ramírez, Santiago Grage, Martín González, Pablo Fuenzalida, Marta Bahamondes e Ismael Tapia.

El caso La Polar estalló luego que se detectaran irregularidades en el manejo del negocio crediticio del retailer, con masivas repactaciones unilaterales de clientes y que derivó en un hecho esencial enviado el 9 de junio de 2011 por la firma a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) donde se reconocieron prácticas crediticias “no autorizadas por el directorio”.

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