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Oposición acude este martes a la Contraloría para objetar documental sobre Bachelet

El vocero (s) del Ejecutivo aseguró que la contratación de la cineasta Tatiana Gaviola se “ajusta plenamente” a la ley.

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9 Febrero, 2016

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En medio de la polémica por los recursos que aprobó el Gobierno para grabar un documental sobre el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, el vocero de Gobierno (s), Osvaldo Soto, descartó que dicho material audiovisual sea con fines publicitarios.

“No es una campaña publicitaria, no es un documental respecto de la Presidenta sino que tiene que ver básicamente con un archivo, un ejercicio de guardar y mantener la memoria de lo que es un determinado gobierno”, señaló Soto.

Según el secretario de Estado, este documental es para “guardar la memoria del accionar del gobierno, esto es memoria y archivo. Tu puedes hacer la recopilación de lo que es el accionar de un gobierno en distintos formatos, formato escrito, formato digital, este es el formato digital… evidentemente no es para hacer una publicidad al respecto del tema”.

Respecto a la contratación de la cineasta Tatiana Gaviola, Soto señaló que “la persona que ha sido contratada lo ha sido básicamente en torno a lo que es el marco legislativo que establece la ley de compra. Se ajusta plenamente a lo que son los requerimientos de legalidad sobre esta materia”. 

Para este lunes se espera que parlamentarios tanto de RN como de la UDI envíen oficios a Contraloría a fin vetar la producción audiovisual que recopilaría los principales hitos de la presidenta Michelle Bachelet durante su segundo mandato.

El documental que se llamará “Memoria audiovisual que testimonia la gestión presidencial”  fue aprobado el 31 de diciembre del 2015 por el administrador de La Moneda, Cristián Riquelme.

Según consignó La Tercera, el documental que contemplará el despliegue de la mandataria en discursos y actividades estará a cargo de la cineasta Tatiana Gaviola, quién adjudicó el proyecto sin licitación.

Desde la UDI los reparos apuntan a que los fondos para el registro audiovisual – 40 millones de pesos- fueron aprobados mediante un contrato directo.

Es por esto que el diputado de RN, Nicolás Monckeberg, indicó que le solicitarán a la Contraloría que pronuncie y audite este gasto, agregando que “los supuestos para asignarlo sin licitación son insuficientes e ilegales”, según consigna el medio.

FOTO: Agencia Uno.

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