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Fiscalía solicita formalizar por tortura a las cuidadoras del Sename encargadas de Lissette

Habrían ahogado a la menor tratando de contenerla de un ataque de ira.

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19 Diciembre, 2016

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El fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, ingresó el viernes una solicitud que busca formalizar por apremios ilegítimos y tormentos con resultado de muerte a los imputados en el caso de Lissette Villa.

Según consta en el último informe del Servicio Médico Legal (SML), la verdadera causa de la muerte de Lisette fue causada por “asfixia por sofocación producto de compresión mecánica externa”, ejercida por sus cuidadoras.

Es por ello que se busca que la responsabilidad penal recaiga en Conne Fritz Castillo y Thiare Oyarce García, quienes habrían ahogado a la menor tratando de contener lo que según se indica fue un arrebato de ira de la menor, ya que actuaron sin saber el protocolo que se utiliza en esos casos y sin conocimientos de primeros auxilios.

De acuerdo a informaciones reveladas por La Tercera, la menor fue inmovilizada y se subieron encima de ella, en su espalda, comprimiendo la región torácica y abdominal, lo que impidió por varios minutos que la niña ejecutara el movimiento respiratorio (inspiración y espiración) y las consiguientes ventilaciones pulmonares. Además la autopsia señala que la pequeña presenta rasguños en su cara, lesiones que se explicarían por los intentos de la pequeña de desprenderse del peso de una de las educadoras.

 

Funcionarios despedidos por abusos siguen trabajando en hogar de Valparaíso

Además se reveló que once funcionarios del Sename que fueron despedidos en febrero pasado por maltrato a menores siguen en funciones en el organismo, ya que apelaron a la sentencia y aún no se define su situación actual.

Los despidos se cursaron tras un largo sumario que se inició en 2015 en la Casa Amanecer del Cread de Playa Ancha, en Valparaíso, y que reveló la forma en que los encargados de los menores abusaban física y sicológicamente de ellos.

Desde el Sename explicaron que por ley “no se pueden aplicar medidas disciplinarias desde 30 días antes de un proceso eleccionario y hasta 60 días después de realizado”, por lo que debido a las elecciones municipales de octubre pasado, los 11 funcionarios destituidos siguen contratados por la institución, aunque percibiendo el 50 por ciento de sus remuneraciones.

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