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Tras la disolución de la Asamblea Nacional en Ecuador: Los escenarios que enfrenta Guillermo Lasso

El mandatario aseveró que “esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”.

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17 Mayo, 2023

“He firmado el Decreto Ejecutivo 741, con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al Consejo Nacional de Elecciones se convoque a elecciones”, informó el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en medio de un juicio político en su contra.

Asimismo, aseveró que “ecuatorianas y ecuatorianos: esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”.

Lasso recurrió a la denominada “muerte cruzada” antes de que continúe el debate en la Cámara, donde se requerían 92 votos para destituir al mandatario, equivalentes a dos tercios del hemiciclo; la misma jornada en que se debía reanudar la sesión del pleno, a la espera de que la votación se desarrollara el próximo sábado.

Con la disolución del Parlamento, el mandatario ecuatoriano podrá gobernar hasta por seis meses por decreto con el control de la Corte Constitucional.

Lasso deberá convocar elecciones presidenciales y legislativas. Los ganadores de estos comicios completarán el actual período presidencial y legislativo que termina en mayo de 2025.

La decisión de Lasso fue criticada por el ex presidente Rafael Correa (2007-2017), que aseguró esta misma jornada que la “muerte cruzada” decretada por el actual mandatario es ilegal, mediante un mensaje en Twitter, donde cuestionó el argumento de “grave conmoción política e interna” para recurrir a la figura constitucional en medio del juicio político.

“Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna ‘conmoción interna’. Tan sólo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la patria”, dijo Correa.

“Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución”, añadió.

El juicio en contra de Lasso

El juicio se basa en una acusación por blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado por la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y que, según la Contraloría, causó al país un perjuicio de unos US$6,1 millones. El contrato en cuestión sigue vigente, aunque se firmó en 2020, durante el gobierno de Lenín Moreno.

El mandatario niega las acusaciones de que hizo la vista gorda ante la supuesta malversación de fondos relacionada con un contrato en Flopec, argumentando que su administración hizo cambios rentables al acuerdo, que se firmó años antes de que él asumiera el cargo

Ante este juicio, el jefe de Estado aseveró que considera que el Parlamento, dominado por la oposición, “tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado”. A día de hoy, apuntó, “no es posible avanzar” en Ecuador por la actividad de una Asamblea que no lleva a cabo tareas de “fiscalización”, sino que se limita a la “obstrucción”.

El respaldo de las FF.AA. a la determinación de Lasso

En una declaración conjunta, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional señalaron que mantendrán su posición de “absoluto respeto a la Constitución y las leyes” y destacaron que la posición de la Asamblea de enjuiciar políticamente a Lasso tiene como base una disposición de la Carta Fundamental, así como la determinación del mandatario, que “se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República”.

Dicha decisión “está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos”, declararon, recordando que ambas instituciones son “obedientes y no deliberantes”, señaló el general Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Dicha decisión “está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos”, declararon, recordando que ambas instituciones son “obedientes y no deliberantes”, señaló el general Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

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