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19 Julio

La demanda al Ministerio del Trabajo del exsubsecretario Larraín por 580 millones

Christian Larraín Foto: Agencia Uno

La acción judicial denuncia que en el despido de Larraín “la actuación del Estado Empleador fue innecesaria, desproporcionada y carente de razonabilidad”.

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1 Agosto, 2023

Tras su bullada salida desde la subsecretaría de Previsión Social, Christian Larraín presentó una demanda en contra del Ministerio del Trabajo por “por vulneración de garantías constitucionales, con ocasión del despido, por haberse vulnerado la garantía constitucional de mi representado (…) que garantiza el respeto y la protección del honor de la persona y de su familia”, según publicó La Tercera, con la que busca una indemnización por $580 millones.

Cabe recordar que Larraín fue sacado de su cargo debido a denuncias por supuestas denuncias de acoso sexual y laboral, realizar conductas calificadas como no del todo positivas y por”hostigamientos”, situación que ha sido negada por el exfuncionario del Gobierno.

Según la acción judicial presentada por el abogado Jorge Bofill, “la actuación del Estado Empleador fue innecesaria, desproporcionada y carente de razonabilidad”.

En este sentido, el argumento por el que se solicita esta cantidad de dinero como indemnización es “por quebrantamiento a su garantía constitucional del derecho al honor”, esto debido a “la publicidad con la que fue tratado por la propia Ministra del Trabajo, la Secom y otras altas autoridades del Estado, justificando y avalando públicamente la causa de la petición de renuncia por las denuncias de acoso sexual y laboral, todo sin investigación previa, sin comprobación de los hechos, sin cautelar el debido proceso, sin medida de protección preventiva ni respeto al principio de inocencia”.

“Muerte profesional”

Además, la demanda describe que “el sufrimiento experimentado por mi representado (Larraín) no puede describirse en palabras”, y que  “es una persona conocida nacional e internacionalmente en la esfera de la economía, de manera que la forma humillante e indigna en que ha sido despojado de su reputación profesional equivale, en los hechos, a una –muerte profesional–”.

En el texto también Christian Larraín evidencia su sentir frente a la situación afirmando que “de un día para otro mi imagen quedó estigmatizada como un acosador. Los primeros días ni siquiera quería salir de mi casa por miedo a ser reconocido y apuntado”.

De igual forma, se incluyó un informe psiquiátrico de Larraín, donde se expone que el exsubsecretario ha sufrido de “sintomatología angustiosa severa, trastorno del sueño con insomnio de conciliación, sueño interrumpido, insomnio del despertar precoz, trastorno del apetito, irritabilidad, cefalea dolor abdominal, labilidad emocional, llanto frecuente, desconcentración desánimo progresivo sin ánimo de levantarse, abatimiento y desesperanza, entre otros síntomas se agrega posteriormente crisis de pánico con taquicardia sudoración profusa, sensación de ahogo, opresión del tórax , mareos y sensación de vértigo entre otros síntomas al tener que enfrentar situaciones de exposición pública por lo que consulta y debe comenzar a recibir tratamiento farmacológico con ansiolíticos e hipnóticos”.

Despido

En la demanda también narra cómo fue el despido de Larraín, asegurando que la ministra Jannete Jara le comunicó a Larraín que tenía denuncias de acoso sexual en su contra y que debía renunciar para “evitar un escándalo”.

“Mi representado estaba totalmente sorprendido y expresó que siempre su cargo había estado a disposición, pero que su integridad era fundamental y que requería conocer la denuncia y la identidad del denunciante, ante lo cual la Sra. Ministra le pidió al Sr. Chacón (jefe de Gabinete de la ministra) que le informara al Sr. Larraín en términos generales, sin identificar al denunciante. El Sr. Chacón señaló únicamente que se trataría de –uso de lenguaje de connotación sexual en público–”, afirma el escrito.

Además, denuncia que “nunca se le instruyó sumario previo que permitiera comprobar o descartar la veracidad de las denuncias, ni se realizó investigación formal, como tampoco se le solicitó una declaración al respecto. No se aplicó la normativa vigente, ni protocolo, ni medida de protección alguna, cuestiones jurídicas de la mayor relevancia garantizadas por la Constitución”.

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