Más de 55 millones de pesos: El valor del Lexus ES300h, los nuevos vehículos de los ministros de la Corte Suprema

Foto: Agencia Uno

Sin embargo, desde el Poder Judicial afirman que todos los recursos para la compra de los Lexus se visaron por la Dirección de Presupuesto, aunque desde la entidad liderada por Javiera Martínez (RD), niegan esta versión.

Gran revuelo ha generado la compra de nuevos vehículos para los ministros de la Corte Suprema. De acuerdo a lo publicado por La Tercera, el Poder Judicial aprobó la adquisición de 22 ejemplares del auto Lexus ES300h.

De acuerdo a los sitios de venta de vehículos, cada uno de estos modelos van desde los $56.990.000 y en total, el Estado llegó a desembolsar más de $ 1.253 millones por estos autos.

Incluso, dentro de Compañía 1140 también hubo reparos a la compra de estos vehículos, ya que, de acuerdo al medio antes citado, algunos ministros estaban en contra de realizar dichos gastos.

Así las cosas, sometieron a votación la decisión final sobre la compra de estos vehículos, donde la mayoría eligió efectuar la compra y solo el presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, y la ministra Andrea Muñoz votaron en contra.

“El señor Presidente y la Ministra señora Muñoz S. fueron del parecer que la renovación se realice mediante la adquisición de vehículos de la misma marca y modelo que se encuentran en uso actualmente”, se dejó estipulado en el acta de la sesión.

Los argumentos de la Corte

Desde el PJUD se inicio la idea de cambiar el modelo de vehículos que manejan los jueces de la Suprema, ha ocho años de la última compra de estos, es por eso que el 15 de diciembre de 2022 se aprobó “gestionar ante la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda la incorporación al presupuesto 2023 del saldo inicial de caja, para el financiamiento de los siguientes proyectos: Fortalecimiento de tribunales post covid, adquisición edificio para Juzgados de Letras del Trabajo, Cobranza Laboral y Familia de Valparaíso, renovación de vehículos, requerimientos informáticos, salas transitorias de Cortes de Apelaciones y fortalecimiento de unidades de protección”.

De acuerdo al instructivo sobre buen uso de los recursos fiscales del Poder Judicial, “la renovación de la flota ha sido gestionada por distintos estamentos de la Corporación, incluido el Departamento de Finanzas y Presupuestos, motivo por el que fue solicitado el presupuesto en las formulaciones presupuestarias, asignando finalmente para estos efectos un monto de MM$ 1.380, para el presente año”.

En este sentido, se argumentó que “Se tomó contacto con la empresa Toyota Chile S.A. con la finalidad de cotizar la adquisición de 22 unidades del modelo Toyota Camry Híbrido, es decir, manteniendo el mismo estándar de la actual flota. El jefe de Flota Gerencia de Venta de Vehículos de la marca respondió que el modelo se encuentra discontinuado para Chile desde el año 2021, por lo que no existía disponibilidad en ninguna de sus versiones ni colores”.

“En base a lo anterior, se inició la búsqueda de modelos de automóviles sedán de características similares a los actualmente en uso y que cumplieran con la característica de ser híbridos no enchufables, siendo revisadas sesenta y cuatro marcas de vehículos presentes en el país, constatando que la alternativa viable disponible a enero de 2024 en el mercado corresponde al Lexus ES300H”, agregaron.

Recriminaciones

Desde el Gobierno han buscado desligarse de la polémica, sin ir más lejos, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que “el Poder Judicial en la ejecución de su presupuesto es autónomo del gobierno, el gobierno no resuelve qué autos se compran ni cuándo se hace. Lo que se ha conocido estos días es una decisión autónoma de ellos”.

Además, el secretario de Estado afirmó que “no tengo mucho más que decir, quizás simplemente hacer un contraste”, aunque apuntó diciendo: “Yo tengo un vehículo del 2015 con 260 mil kilómetros recorridos y todavía funciona bien”.

Sin embargo, desde el Poder Judicial afirman que todos los recursos se visaron por la Dirección de Presupuesto, aunque desde la entidad liderada por Javiera Martínez (RD), niegan esta versión.

De igual forma, todo el revuelo que levantó la compra de estos vehículos llevó a que la Suprema cite a un pleno para discutir sobre esta situación. De acuerdo a La Tercera, las opiniones están divididas al interior, sobre si recular en estas decisiones o mantenerlas, entendiendo que están correctamente ejecutadas.