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Son más de 100: Rogers Waters y otras personalidades de todo el mundo, piden la liberación de Daniel Jadue

“Comité nacional e internacional de justicia para Daniel Jadue” es el nombre de la agrupación lanzada en el frontis del Palacio de los Tribunales de Justicia para pedir por la liberación del alcalde de Recoleta que está en prisión preventiva mientras se investiga por el denominado caso Farmacias Populares.

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5 Julio, 2024

Desde el ámbito político, académico, cultural y social, se reunieron más de 100 personas en el llamado “Comité nacional e internacional de justicia para Daniel Jadue”; una agrupación que busca pedir la libertad del alcalde de Recoleta, actualmente en prisión preventiva ya que está como imputado de los delitos de estafa, administración desleal, cohecho, fraude al Fisco y delito concursal en el denominado caso Farmacias Populares.

Con un acto frente al Palacio de Tribunales, varios de los adherentes a la agrupación, leyeron una carta donde expusieron que la prisión preventiva “no solo desproporcionada, sino aberrante”.

Entre las personalidades extranjeras que apoyan la moción, está Roger Waters, ex integrante de Pink Floyd, el exvicepresidente segundo de España, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta del Senado de Colombia, María José Pizarro.

Entre los nacionales que apoyan, están el Premio Nacional de Literatura, Raúl Zurita, el exministro Jorge Arrate, el economista Hugo Fazio y los músicos Jorge Coulón (Inti Illimani), Roberto Márquez (Illapu), Manuel García, Claudio Narea (ex Los Prisioneros) y Mauricio Redolés. Además de políticos del PC como Lautaro Carmona, así como los diputados Carmen Hertz, Lorena Pizarro y Luis Cuello.

Como señala el comité, su creación “marca el inicio de una serie de iniciativas tanto en Chile como en el extranjero en apoyo al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ante la desproporcionalidad de la medida cautelar”.

Agregando que “quienes conocen a Daniel Jadue y han seguido su caso desde una perspectiva política, jurídica o humana, consideran esta medida cautelar no solo desproporcionada, sino aberrante. Creemos firmemente que se trata de un castigo judicial hacia un proyecto transformador colectivo”.

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