Diputados de oposición piden cárcel a falsas víctimas del 18 de octubre

El próximo 24 de julio, dos personas serán formalizadas por presentar información falsa para obtener pensiones de gracia como víctimas del estallido social. El caso se llevará a cabo en el Juzgado de Garantía de Temuco y será liderado por la Fiscalía Metropolitana Occidente.

Reacciones de la oposición

Diputados de oposición exigieron penas de cárcel para los acusados. También cuestionaron el rol del Gobierno y del INDH en la entrega de estos beneficios.

El diputado Miguel Mellado (RN) declaró: “A esta gente hay que meterla en la presa, no solo que destruyeron un país. Esto fue un estallido delincuencial (…) el resto era organizado para derrocar a un Gobierno”. Además, añadió: “Aquí lo que necesitamos es que se haga justicia, y aquellos que falsearon datos, presos nomás. Ya basta de una vez por todas a que las cosas se hagan a medias tintas”.

Desde la UDI, el diputado Henry Leal afirmó: “Hay personas que no tienen ningún escrúpulo incluso falsificar antecedentes fingiendo que fueron víctimas del estallido social para cobrar una pensión del Estado con recursos públicos”. Pidió que los formalizados reciban “condenas ejemplares”.

Críticas al Gobierno y al INDH

El diputado Andrés Jouannet (Amarillos) sostuvo que el estallido social causó un grave retroceso para el país, y responsabilizó al Gobierno: “Esto fue alentado por quienes gobiernan, especialmente por el Presidente de la República. Son responsables de estas situaciones y de entregar pensiones falsas a gente que nunca mereció”.

Mellado criticó la actitud del oficialismo en 2019: “Espero que el Gobierno se vaya luego (…) aquí ellos quisieron derrocar a un gobierno”.

Leal pidió disculpas públicas del Ejecutivo por “haber apoyado este tipo de situaciones”, mientras Jouannet insistió en que “son responsables” de las irregularidades.

Dudas sobre el proceso completo

El diputado Andrés Longton (RN) señaló que muchas de estas “víctimas” eran en realidad delincuentes que atacaron a Carabineros, y acusó permisividad del Gobierno y del INDH.

Por su parte, Víctor Pino calificó todo el proceso como “viciado desde el principio”. Recordó que el Estado destina más de 2.300 millones de pesos al año a estas pensiones. También aseguró que el INDH redactó cartas por los beneficiarios, omitiendo pasos clave para validar la información.