CPLT advierte que más de 80 mil funcionarios públicos tienen contratos múltiples con el Estado

Una fiscalización extraordinaria realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló que al menos 81.112 funcionarios públicos mantienen dos o más contratos con organismos estatales, en una práctica que podría implicar incompatibilidades horarias, deficiencias administrativas e incluso irregularidades legales.

El análisis, efectuado entre marzo y diciembre de 2024, se basó en datos de transparencia activa correspondientes a septiembre del mismo año y abarcó a 787 instituciones públicas, cifra que se divide en 390 organismos del Gobierno Central, 345 municipalidades y 52 corporaciones municipales.

Resultados de la fiscalización

Según el informe, el 80% de los funcionarios con múltiples registros presenta dos contratos, mientras que el 20% tiene tres o más. La mayoría de estos casos (73%) se concentra dentro de una misma institución, especialmente en municipalidades y, en particular, en el sector de educación. El 27% restante corresponde a personas que figuran en planillas de dos o más entidades distintas, siendo la combinación más frecuente la de contratos en municipios y en la administración central (10%).

En cuanto a las modalidades de contratación, el 20% corresponde a funcionarios con múltiples contratos a honorarios, el 19% combina honorarios y contrata, y un 18% presenta más de un registro a contrata. Estas tres combinaciones representan el 57% de los casos detectados.

Posibles incompatibilidades y casos críticos

El CPLT advirtió que, en algunos casos, los antecedentes apuntan a posibles incompatibilidades horarias, como funcionarios que tienen cargos de planta en una institución mientras figuran con contratos a honorarios en otras, sin claridad sobre la viabilidad de cumplir con todas sus obligaciones.

Uno de los casos más llamativos es el de un profesional que mantiene 11 contratos a honorarios simultáneamente en distintas municipalidades, con remuneraciones que superan los $16 millones mensuales. Para el Consejo, estos casos requieren un análisis más profundo para determinar si efectivamente constituyen una irregularidad.

La presidenta del CPLT, Natalia González, indicó que el informe “contiene evidencia que sugiere que existen deficiencias en los registros de transparencia activa en la materia, lo que se manifiesta en información incompleta, en descripciones muy genéricas de la función que se ejerce y en errores en la publicación de las rentas, además de inconsistencias entre esa información y aquella entregada vía solicitudes de acceso”.

Además, González enfatizó que “al mismo tiempo, y pese a las barreras existentes en la obtención de datos, fue posible constatar eventuales desajustes respecto de la normativa que rige a las contrataciones de funcionarios públicos, los que esperamos sean consideradas por los equipos de auditoría interna de cada órgano, así como por los órganos públicos fiscalizadores y la ciudadanía en general”.

Alcaldes, jueces y problemas en el acceso a la información

El informe también identificó a alcaldes y jueces de policía local que figuran con cargos vigentes en otras instituciones, aunque en estos casos cuentan con permisos sin goce de sueldo, práctica permitida por la normativa vigente.

Asimismo, se detectaron deficiencias en el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. De las 79 solicitudes (SAI) dirigidas a organismos con casos relevantes, 17 no fueron respondidas o lo fueron de forma parcial.

Además, se identificaron errores como la entrega de información incorrecta, omisión de derivaciones, divulgación de datos personales sin anonimización y contradicciones respecto de la información publicada en transparencia activa.

Un llamado a la transparencia y la rendición de cuentas

Desde el CPLT recordaron que en 2024 el 22% del presupuesto del Gobierno Central y cerca del 49% del presupuesto municipal se destinó al pago de remuneraciones del personal, por lo que contar con información clara, precisa y accesible es clave para el control ciudadano y la probidad en el uso de recursos públicos.

En esa línea, el organismo anunció que complementará su labor fiscalizadora con la promoción de actividades de capacitación orientadas a estandarizar y mejorar la publicación de información sobre el personal público, con el objetivo de facilitar su comprensión, prevenir irregularidades y fortalecer la rendición de cuentas del Estado.