Tras la fuga de tres internos de alta peligrosidad el pasado 15 de agosto, esta semana se dio inicio al operativo de las autoridades de Gendarmería para trasladar a 140 reos de alto riesgo desde la cárcel de Valparaíso.
Esta medida busca descomprimir el establecimiento, el cual es considerado uno de los más violentos y sobrepoblados del país con una ocupación del 190,9%, para reforzar la seguridad en el penal.
La fuga
Según Rubén Pérez, director nacional subrogante de Gendarmería, el escape que ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada, tuvo una colaboración externa clave para llevarse a cabo.
Los reos, identificados como Juan Israel González Quezada, Jairo Adonis González Miranda y Claudio Alexander Fornes Vicuña, cortaron los barrotes de su celda en el módulo 105, subieron al techo y descendieron utilizando una cuerda de acero atada a un vehículo que los esperaba en el exterior.
¿Cuáles fueron las medidas de las instituciones?
Tras los hechos, Gendarmería y el Ministerio de Justicia activaron un plan de emergencia para resguardar la seguridad del recinto. En poco más de 24 horas, el ministro Jaime Gajardo detalló 17 medidas a seguir, basadas en un informe realizado por el director subrogante y el subsecretario Ernesto Muñoz, quienes recorrieron el penal.
Como parte de este plan, se incluía el traslado de 140 internos de alto compromiso delictual el cual comenzó este lunes y se extenderá hasta el viernes 22 de agosto.
La acción se realiza bajo estricta reserva y busca enviar a los reos a recintos que cuenten con las condiciones necesarias para albergarlos, pese a que muchos de estos también presentan sobrepoblación.
Asimismo, los funcionarios han ejecutado tres allanamientos masivos dentro de la cárcel de Valparaíso para incautar elementos prohibidos, realizados el día de la fuga, el sábado 16 y este martes 19 de agosto.
Desde el Ministerio de Justicia destacan que, pese a que la actual administración encontró el sistema de cámaras operativas en un 40% debido a deterioro y vandalización, se ha avanzado en su modernización con inversión de $1.200 millones, aumentando en 400% la cantidad de cámaras y reemplazando los equipos análogos por digitales con capacidad analítica.
Además, se mantiene operativo el cerco eléctrico y el sistema antidron, con un proyecto que según estimaciones del Ejecutivo tiene un avance del 50%.
