A más de un año y medio del megaincendio de Valparaíso que arrasó con más de 4.600 viviendas en la Región de Valparaíso, el informe del Instituto Libertad, ligado a Renovación Nacional, califica el ritmo del proceso como “preocupantemente lento”.
En concreto, los autores del informe señalan que solo han terminado 114 viviendas, están ejecutando 876 y mantienen rezagadas 2.680.
Sin embargo, lo lento de la reconstrucción no tiene relación con la falta de recursos, ya que el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios que fue aprobado en julio de 2024 con un presupuesto de hasta $800 mil millones, registra solo un 14,6% de ejecución a 2025, es decir, se han gastado $8.339 millones de los $57.032 millones disponibles.
Acceso al subsidio habitacional
El informe también señala que, de las 4.609 viviendas dañadas en Valparaíso, las autoridades consideraron hábiles para recibir subsidio habitacional solo a 3.670, dejando a 939 familias sin acceso directo a ayudas. Además, 922 hogares que cumplen con los requisitos, aún no han sido nominados para subsidios, lo que suma un total de más de 1.800 familias sin un camino claro hacia la reconstrucción.
Para el Instituto Libertad, la causa principal es la conducción política. En ese sentido, el director ejecutivo de la entidad, Luis Pardo, señala que: “Son demasiados errores, malas decisiones y una gestión técnica deficiente, tanto a nivel central como regional”.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que habría aplicado criterios burocráticos propios de tiempos normales, ralentizando la entrega de subsidios.
En esa línea, Pardo enfatizó que las familias perdieron todo, por lo tanto, se debe agilizar su gestión en lugar de tratarlas como postulantes. “Por ejemplo, en caso de copropietarios de un inmueble, si hay uno que tiene una segunda vivienda retrasa la entrega de subsidios para el resto (muchos damnificados tienen una segunda vivienda, pero de bajo valor)”, plantea Pardo.
¿Qué dice el Minvu
Desde el Minvu, señalan que se ha diversificado la estrategia de reconstrucción, incluyendo construcción desde cero, subsidios y construcción autoasistida, y que los criterios legales del D.S. N° 332 permiten entregar ayudas incluso a familias con hasta dos viviendas en casos especiales, como adultos mayores o personas con discapacidad.
Según la cartera, con los 2.748 subsidios ya nominados se ha alcanzado al 97% de las familias hábiles en poblaciones consolidadas, mientras que 765 familias afectadas en campamentos avanzan en planes de radicación o relocalización en Viña del Mar.
Falta de coordinación
El informe también denuncia una falta de coordinación entre municipios y el Serviu regional, con demoras en demoliciones, problemas en la titularidad de terrenos y retrasos en vincular familias a proyectos de reconstrucción.
“Hubo una falta de experiencia y aptitud de los tres municipios para acompañar el proceso desde el principio”, critica Pardo.
Asimismo, el Instituto Libertad advierte que, de mantenerse el ritmo actual de la reconstrucción, muchas familias enfrentarán un tercer invierno sin soluciones y que los fondos asignados podrían expirar en 2026 sin haberse ejecutado.
A raíz de eso, propone medidas para acelerar la reconstrucción.“Recomendamos legislar sobre la base de la Ley Chaitén para facultar al Estado a expropiar terrenos con un mecanismo reglado de recompra para los que quieran reconstruir en el mismo lugar. También es necesario modificar el Decreto Supremo 322 para eliminar requisitos de vulnerabilidad económica, evitando exclusiones muy injustificadas en un contexto de catástrofe”, señalan.
Por último, agregan que para cumplir con la reconstrucción es necesario extender la vigencia de la Ley 21.681 más allá de 2026.
