Daniel Andrade inicia el contraataque en caso Democracia Viva: su defensa solicitó la reapertura de la investigación

La solicitud se presenta pocos días después de que el fiscal Cristián Aguilar presentara la acusación formal contra Andrade y otros tres imputados, solicitando una pena de 10 años de cárcel para cada uno.
La defensa de Daniel Andrade, uno de los creadores de la fundación Democracia Viva y expareja de la diputada desaforada Catalina Pérez, solicitó la reapertura de la investigación en su contra en el marco del denominado caso Convenios.
Lo anterior fue solicitado el viernes 22 de agosto ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, luego de que la Fiscalía comunicara el cierre de la indagatoria el mismo día en que sumó nuevos antecedentes.
¿Qué acusan los defensores?
Según los abogados Ignacio Figueroa, Diego Sporman y Germán Cueto, en la audiencia del 12 de agosto el Ministerio Público reformalizó a Andrade, “adicionando nuevos hechos a la imputación, entre ellos la presunta suscripción de un contrato de arrendamiento falso entre la Fundación Democracia Viva y la propietaria de un inmueble en la comuna de Ñuñoa”.
De acuerdo con la investigación, la fundación habría utilizado este documento para justificar un domicilio tributario ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y tramitar su inicio de actividades, con el fin de acceder a recursos fiscales del Programa de Apoyo a Proyectos.
Además, los defensores calificaron estas imputaciones de “superficiales, infundadas y carentes de todo respaldo probatorio”, y solicitaron diligencias adicionales. Entre ellas, que el SII entregue información sobre el trámite de inicio de actividades, el domicilio tributario declarado y los documentos que respaldaron la gestión.
“Esta información es clave para acreditar que el señor Andrade no ha incurrido en falsedad ni ha realizado maniobra fraudulenta de ningún tipo”, argumentaron los abogados, quienes además expresaron su “total convicción” de la inocencia de su defendido.
Por último, la defensa señaló que “resulta inadmisible que se pretenda cerrar una investigación, el mismo día que se llevó a cabo la reformalización, sin haber agotado las diligencias mínimas necesarias para esclarecer los hechos”.
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