El gobernador metropolitano Claudio Orrego presentó su contestación al requerimiento de destitución en su contra, en el marco del proceso que se lleva adelante en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
Este escrito de 221 páginas, fue ingresado por sus abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, quienes rebatieron punto por punto las acusaciones levantadas por consejeros regionales de oposición, principalmente del Partido Republicano y la UDI.
El documento de destitución acusa a Orrego de faltas a la probidad y abandono de deberes, a partir de un informe de la Contraloría que señala un presunto uso de recursos públicos para contratar servicios vinculados a su campaña de reelección.
La defensa sostiene que el requerimiento “no busca otra cosa que instalar una falsa imagen de descontrol en la administración del Gobierno Regional Metropolitao, hecho inefectivo y derechamente faso”.
Además, señalan que la gestión de Orrego se ha realizado con “estricto apego a las disposiciones legales, reglamentarias, circulares y contabilidad gubernamental exigibles, por lo que no ha incurrido en responsabilidad de nunguna naturaleza; proceder que se está en condiciones de acreditar con la prueba pertinente que se proporcionará o que se solicita adjuntar a este procedimiento”.
Argumentos de la defensa
El documento desarrolla 1.201 puntos en los que la defensa expone diversas objeciones jurídicas:
- Valor de los informes de Contraloría: Aseguran que no tienen un carácter probatorio absoluto.
- Vicios del requerimiento: Plantean que los abogados que lo presentaron no contaban con mandato judicial válido y que los consejeros carecen de legitimación activa, ya que la facultad de solicitar la remoción es “personalísima, intransferible e indelegable”.
- Períodos autónomos: Señalan que no corresponde invocar hechos del período anterior de Orrego como gobernador (2014-2021), pues toda responsabilidad concluye con el cierre de cada mandato.
- Cuestionamientos a los cores: Subrayan que los 16 consejeros que suscriben el libelo no formaban parte del Core en el periodo en cuestión.
- Delegación y subrogación: Afirman que el gobernador no puede ser responsabilizado automáticamente por actos realizados por funcionarios en ejercicio de facultades delegadas o durante períodos de subrogancia.
“El informe de Contraloría contiene observaciones técnicas propias de cualquier administración compleja, muchas de ellas ya subsanadas, y no acredita un patrón de descontrol ni un abandono notable de deberes”, enfatiza la contestación.
Revés en el tribunal
La presentación se dio el mismo día en que el Tricel rechazó un nuevo recurso de la defensa de Orrego. La instancia confirmó la admisibilidad del requerimiento y desestimó un incidente de nulidad interpuesto por la parte requerida.
Cabe recordar que el 9 de septiembre el tribunal ya había admitido a trámite el escrito de los consejeros regionales, rechazando una primera objeción de la defensa. Ahora, con este nuevo fallo, el Tricel volvió a ratificar el avance del proceso.
