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12 Agosto, 2019

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La “Operación Topógrafo” habría seguido por seis meses en 2017 las actividades de dos funcionarios activos del Ejército de Chile en la institución y dos en retiro, quienes habrían sido espiados y sus conversaciones interceptadas por la Dirección de Inteligencia del Ejército.

La institución respondió a las publicaciones con un comunicado, donde asegura que “las actividades de inteligencia y contrainteligencia, necesarias para detectar, neutralizar y contrarrestar, dentro y fuera del país, las actividades que puedan afectar la defensa nacional, se han ajustado plenamente a las disposiciones de la ley N°19.974″.

Dicha legislación autoriza estas actividades en caso de “que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico“.

Sin embargo, diferentes reportajes de prensa destaparan un posible espionaje dentro de la institución. Entre los más críticos a estas acciones está el diputado Jorge Brito (RD), presidente de la Comisión Especial Investigadora, quien ha señalado que “la ley es clara: las medidas intrusivas, como las intercepciones telefónicas, solamente se permiten cuando hay terrorismo, narcotráfico o alguna amenaza externa para nuestra soberanía y seguridad nacional, y no para procesos claramente internos que tienen que ver con casos de corrupción e irregularidades. Yo creo que, al parecer, hay quienes están abusando de la confianza que le hemos otorgado”.


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