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Cárcel: la nueva arista que se abre en libre competencia

Por primera vez, el Ministerio Público acusará a 10 ejecutivos de una industria por alteración fraudulenta de precios. Son de cadenas de farmacias y laboratorios y podrían ser condenados desde 61 días hasta los tres años. J. TRONCOSO Y A. SAN MARTÍN

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11 Julio, 2012

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Nunca en el país un ejecutivo de una empresa ha sido condenado a cárcel por infringir la libre competencia. Pero la historia podría cambiar.

El Ministerio Público, tras un año y medio de investigación, cerró la investigación penal del caso farmacias y pasará a la etapa de juicio oral a 10 ejecutivos por alteración fraudulenta de precios, cargo por el cual podrían sufrir penas de presidio remitido que van desde 61 días hasta 3 años.

Cinco ejecutivos de SalcoBrand, dos de Farmacias Ahumada (Fasa), dos de Cruz Verde y uno del laboratorio Medifarm (ver listado) son los que deberán enfrentar el juicio, cuya investigación encabezaron los fiscales José Morales y Luis Inostroza.

Fue en 2008, cuando la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó a las tres cadenas de farmacias de haberse coludido para subir el precio de más de 220 productos.

En paralelo, el Ministerio Público inició una investigación penal, que tuvo su punto álgido tras la formalización de 17 ejecutivos en febrero de 2011. No obstante, ayer la fiscalía decidió suspender el proceso contra siete de ellos.

PLAZOS 
En noviembre se iniciaría el juicio, según el fiscal Luis Inostroza, que también lleva el caso La Polar. Explica que podría extenderse en a lo menos un mes, dependiendo de las pruebas que pueda presentar la defensa.

Sin embargo, Inostroza está tranquilo. Las declaración de testigos, ejecutivos de FASA y de laboratorios -además de los correos electrónicos que se sumaron a la investigación- serían suficientes para establecer las responsabilidades personales de 10 de los 17 ex ejecutivos formalizados en marzo de 2011 por la alteración de los precios de los remedios

Para varios expertos, la decisión de la fiscalía de llevar a la cárcel a ejecutivos de las farmacias pondría en riesgo la figura de la delación compensada, que permite a una empresa revelar un cartel, lo que le permite eximirse total o parcialmente de las multas.

Hasta 2004, la legislación sobre libre competencia consideraba penas de cárcel, pero se eliminó pues nunca se aplicaron.

No obstante, en el caso farmacias la fiscalía apeló al artículo 285 del Código Penal, que condena el alza fraudulenta de precios.

“Con este sistema se perdona la multa, pero no la cárcel”, destaca un abogado de la plaza

Actualmente, la Corte Suprema está próxima a dictar sentencia tras la apelación de Cruz Verde y SalcoBrand al fallo del Tribunal de la Competencia, que las multó con US$19 millones a cada una por coludirse para subir sus precios.

No obstante, en el Ministerio Público están tranquilos. “Para nosotros, la existencia de un fallo condenatorio es un elemento más de prueba en el caso de colusión, pero no es el único. Nosotros hablamos de personas distintas, no personas jurídicas como los que apunta el TDLC y, en nuestro caso, son los ejecutivos de las cadenas. Entonces, si es que la Corte Suprema rechaza el fallo del TDLC seguiríamos igual”, asegura Inostroza.

Los diez ejecutivos que el Ministerio Público llevará a juicio están formalizados por el mismo delito y la misma participación, la alteración de los precios. La pena bajo estos cargos sería remitida. Además, no se contemplan nuevas formalizaciones.

El ex jefe de ventas de Grünenthal, Gonzalo Izquierdo, será absuelto si es que cumple con 100 horas de trabajo comunitario, además de firmar en la fiscalía una vez cada dos meses durante un año. Similar acuerdo recibieron las tres ex ejecutivas de Fasa que lograron una salida extrajudicial por su colaboración con la investigación: Paula Mazzachiodi, Lissette Carrasco y Alejandra Araya.

Debes saber

¿Qué ha pasado? 
El juicio a las grandes cadenas farmacéuticas que lleva el fiscal del Ministerio Público, Luis Inostroza, se espera para noviembre.

¿Por qué ha pasado? 
Se busca establecer las responsabilidades personales de 10 de los 17 ex ejecutivos formalizados en marzo del año pasado por alterar precios de medicamentos.

¿Qué  otro pendiente hay? 
La resolución de la Corte Suprema en relación a las multas que las cadenas deberían pagar. Éstas apelaron luego de que el TDLC las multara con US$19 millones a cada una.

Vía Pulso.

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