El Instituto Mexicano de Derechos Humanos solicitó ayer a las autoridades del país que se investiguen posibles toruras a los 11 detenidos en las manifestaciones del pasado 20 de noviembre, en ciudad de México, entre los cuales se encuentra el estudiante chileno Laurence Maxwell.
Según el comunicado del organismo, “desde el momento de su detención, las personas fueron incomunicadads e impedidas de designar a defensoras y defensores de manera libre“, situación de la que fue víctima Maxwell, a quien recién ayer se le autorizó a tener un abogado particular, labor que tomó Alejandro Jiménez.
Al respecto, Jiménez explicó ayer a La Tercera que pese a que el traslado desde ciudad de México a Veracruz tuvo características “violentas”, Laurence Maxwell no tenía signos de agresión física.
El Instituto de Derechos Humanos señaló en el documento que se solicitó que “se inicien investigaciones respecto de las y los servidores públicos involucrados en la detención, traslado y retención de las y los detenidos por la posible comisión de actos de incomunicación, tortura u otros tratos crueles inhumanos y degradantes”.
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