Este jueves, la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, entregó su informe sobre la situación en Venezuela y llamó al gobierno de Nicolás Maduro a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en Venezuela.
Este informe abarca el período de enero de 2018 a mayo de 2019, contiene 18 páginas y está basado en 558 entrevistas a víctimas, testigos y otras fuentes, incluyendo abogados, profesionales de la salud y de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, y ex militares y oficiales de seguridad.
La ex mandataria visitó el país caribeño desde el 19 al 21 de junio y sostuvo entrevistas con figuras políticas. Desde el Presidente Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, hasta el Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, así como miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores, víctimas y sus familiares. Tras la visita, un equipo de dos oficiales de la Oficina permaneció en el país, en el marco de un acuerdo que les permite prestar asesoramiento y asistencia técnica, y monitorear la situación de derechos humanos.
“Las personas entrevistadas constantemente refirieron una falta de acceso a alimentos, debido tanto a la escasez como a los precios inasequibles. La disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente, y los entrevistados dijeron que comían una vez, o como mucho dos veces, al día y que consumían pocas proteínas o vitaminas”, señala el texto.
Asimismo, aseveró que “durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes”.
Bachelet reconoce que durante 20 años el gobierno de Hugo Chávez “promovió políticas sociales a través de las Misiones Bolivarianas, las cuales eran programas destinados a luchar contra la pobreza y la exclusión social, así como a reducir la brecha de desigualdad de género. Hoy en día, las y los venezolanos/as dependen cada vez más de los programas sociales para acceder a niveles mínimos de ingresos y alimentos”. También sostiene que “el gobierno ha atribuido la culpa de la crisis económica a las sanciones impuestas a Venezuela, argumentando que, debido al “over-compliance”, las transacciones bancarias han sido retrasadas o rechazadas y los activos congelados, lo cual dificulta la habilidad del Estado para importar alimentos y medicinas”.
“Durante al menos una década, el Gobierno, así como las instituciones controladas por él han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional”, afirmó.
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