Este martes, parlamentarios de oposición confirmaron que presentaron la Acusación Constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, por su responsabilidad en el caso Convenios.
El texto se precipitó luego de conocerse el testimonio de la subsecretaria Tatiana Rojas, quien aseguró ante la Justicia que, antes de que estallara en la prensa el mencionado caso, ella informó al secretario de Estado respecto de los tratos directos entre el Minvu y Democracia Viva.
En la antesala de la presentación de este libelo, el ministro sostuvo que “espero que los argumentos tengan solidez”.
“Le hemos planteado al Presidente la importancia de que el ministro (Carlos Montes) dejara su cargo, pero frente a que él no ha tomado esas decisiones, nosotros ya el día de hoy, vamos a ingresar esta acusación constitucional”, dijo la diputada del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz.
Por su parte, Agustín Romero, diputado del Partido Republicano , dijo que Carlos Montes “va a tener la oportunidad dentro de la comisión que se forme para la tramitación de este proceso, de dar esa explicación si realmente no le pareció extraño que se estuviera entregando esas cantidades de plata a fundaciones que no tenían ni la experiencia, que eran muy amigos y muy emparentados con las autoridades”.
Los cinco capítulos de la AC contra Montes
El capítulo 1 apunta a la responsabilidad constitucional del ministro, al haber “dejado de ejecutar los artículos 3°, inciso segundo y 11 de la ley 18.575”. Es decir, por no “ejercer el control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia”. El mismo capítulo agrega que se le acusa por “no cumplir con las obligaciones de dirección y fiscalización en la delegación de firma a las seremis en el contexto de la ejecución del programa asentamientos precarios durante los años 2022 y 2023”.
El segundo punto dice que hubo responsabilidad de Carlos Montes “al no observar los principios de eficiencia y eficacia en la ejecución del programa asentamientos precarios durante los años 2022 y 2023 en curso”.
Por su parte el tercero acusa al ministro de infringir el artículo 62 n°8 del decreto con fuerza de ley que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley nº 18.575.
El capítulo cuarto acusa al ministro Carlos Montes por haber infringido el artículo 8 inciso primero de la Constitución.
Mientras que el quinto punto dice que existe responsabilidad constitucional del ministro por la infracción de la norma que obliga al empleado público a denunciar los delitos respecto de los cuales toma conocimiento.
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