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Abogado de Jadue por petición de prisión preventiva: “Buscaría truncar la voluntad popular en las elecciones”

abogado FOTO: PATRICIO FUENTES Y./ LA TERCERA

Según Ramón Sepúlveda, “esta investigación se pudo haber formalizado 1 año antes o se podría haber concretado postelecciones de alcalde

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3 Abril, 2024

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“Pedir su prisión preventiva buscaría truncar la voluntad popular en las elecciones”, aseguró el abogado del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, Ramón Sepúlveda.

Esto tras la solicitud del fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz para formalizar al jefe comunal por cohecho, fraude al Fisco, administración desleal y estafa.

En conversación con La Tercera, el abogado aseveró que “si uno analiza todo esto, se advierte que se formaliza a días de la inscripción de las candidaturas primarias y a meses de la inscripción a la elección de alcaldes. Por eso, creemos que hay un error en el tiempo en el que se presenta esta formalización. Se pudo presentar mucho antes o después de la elección. Esto genera un problema político, un problema contra la democracia, porque efectivamente se trata de una causa que va a afectar indudablemente las elecciones y también todas las negociaciones que se están dando en el marco de las misma”.

Según Sepúlveda, “esta investigación se pudo haber formalizado 1 año antes o se podría haber concretado postelecciones de alcalde. Lo que yo digo es que formalizar a un alcalde meses antes de una elección, es un error y me parece inadecuado”. 

“Nosotros creemos que la Fiscalía formaliza a Daniel Jadue porque hay elementos que podrían permitir creer que tuvo alguna vinculación, como por ejemplo declaraciones. Pero si uno va al contenido concreto de la carpeta investigativa, creemos que no hay ningún antecedente directo que lo vincule a los delitos”, afirmó.

Asimismo, asevero que “creemos que cualquier petición de medidas cautelares intensas, como la prisión preventiva, buscaría derechamente truncar la voluntad popular en las elecciones. Se está formalizando al alcalde Jadue después 11 años y medio de administración, a 6 meses de dejar su cargo y cualquier medida cautelar intensa que se pida es buscar, a través del aparato de persecución penal, truncar la voluntad popular. Y eso no sólo es un error, sino que es una situación compleja para la Fiscalía”.

 

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