En el marco del debate sobre la legalización del aborto, el Gobierno presentó una estimación que proyecta más de 34 mil abortos anuales en Chile, cifra que corresponde a una tasa de intervención de 8 por cada 1.000 mujeres en edad fértil.
La proyección, según el informe financiero, tendría un costo de $2.600 millones durante el primer año de implementación y se estabilizaría en torno a los $2.580 millones en régimen.
¿De dónde provienen estos datos?
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, explicó que el cálculo no se basa en registros administrativos, precisamente porque la ilegalidad impide contar con datos concretos.
En este sentido, mencionó que “lo que se hacen son estimados de tasa de uso, porque no es un estimado de cuántos (abortos) se harían, no podemos hacerlo porque es una conducta ilegal. Y por lo tanto, no se puede hacer una estimación a base de datos administrativos”.
Asimismo, enfatizó en que para construir la proyección, el Ejecutivo tomó como referencia las tasas de aborto en países con realidades sanitarias comparables y legislación más avanzada, como Argentina y Uruguay.
Estudios incorporados en la estimación
Además, se incorporaron antecedentes de estudios previos, como el informe de Ball & Prada (2016), que estima que en Chile, cada año, se realizan 40.000 abortos fuera del marco legal. Mientras que desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), sugieren una cifra incluso mayor.
Por otra parte, se consideraron los registros de egresos hospitalarios de mujeres, adolescentes y niñas que acuden a servicios de urgencia tras practicarse un aborto, generalmente por presentar complicaciones. Estos casos bordean los 20.000 anuales.
La ministra Orellana también señaló: “Tenemos datos de ingresos de misotrol a través de vías clandestinas, de venta y decomiso de misotrol por vías clandestinas, y cifras de opinión en donde, por ejemplo, en la encuesta del Instituto Nacional de la Juventud, la mayoría de ese 3% de las mujeres en edad reproductiva jóvenes que declaran haberse realizado un aborto lo hicieron por fuera de las tres causales”.
Asimismo destacó que lo presentado al Congreso “no es un informe de estimación de cuántos abortos se hacen al año en el país. Porque, insisto, esas son estimaciones que, lamentablemente, como es una conducta ilegal, no se pueden hacer en base a datos certeros. Porque hay un delta que no llega a la red asistencial”.
La cifra de más de 34 mil casos anuales, señaló la ministra, “es una cifra que impacta. Precisamente porque impacta es que queremos abordarla en un debate sobre la regulación”.
