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Contradicciones, cambios de mando y dudas por la investigación: Los flancos abiertos de la muerte de Franco Vargas

Foto: Agencia Uno

En total, son siete los conscriptos que fueron hospitalizados debido a problemas respiratorios, pero 24 quedaron bajo observación médica en el Cuartel Fontecilla.

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7 Mayo, 2024

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El 27 de abril falleció el conscripto del Ejército, Franco Vargas en medio de una marcha de la Brigada Motorizada N°24 Huamachuco en Putre.

La situación ha generado un gran impacto dentro de la institución, llevando a una serie de cambios en los cargos militares, renuncias de jóvenes que realizaban el servicio militar y graves denuncias respecto a la responsabilidad de los directores de la Brigada.

De acuerdo a información del ejército publicada en La Tercera, el 21 de abril comenzó la Etapa de Instrucción Básica de los 245 soldados de la Brigada Motorizada N°24 Huamachuco trasladándose al día siguiente hasta 4.170 metros sobre el nivel del mar, en el cuartel n° 3 Pacollo.

Ahí se mantuvieron durante 6 días hasta donde estaba previsto realizar la marcha en descenso por 8 kilómetros, hasta el Cuartel General Gorostiaga, para después regresar al cuartel n° 3, sin embargo, esta acción no se pudo completar.

Fue mientras realizaban la marcha hacia abajo, que Franco Vargas informó a sus superiores sobre problemas de salud, específicamente, tenía problemas para respirar. En aquel momento fue evaluado por el enfermero militar de combate (EMC), que decidió trasladarlo al Puesto de Atención Médica Especializada (PAME). En aquel lugar, se le administró a Vargas oxígeno, con la intención de reanimarlo, no logrando mejorar su estado, por lo que se determinó llevarlo hasta el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Putre.

¿Qué pasó en el Cesfam?

Aquí comienzan las dudas respecto a las circunstancias en que murió el conscripto, ya que información recabada por el Gobierno, durante el traslado al centro médico, Vargas empeora su estado de salud perdiendo la conciencia.

Aquí, el Ejército informó que al llegar hasta el Cesfam, el joven de 18 años sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que lo llevó a la muerte pese a las maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP). Incluso, el informe posterior del Servicio Médico Legal, arrojó que esta fue la causa de la muerte de Vargas, aunque aconseja realizar otros análisis.

Pese a esto, el director del recinto asistencial, Aldo Rivera, desmintió esta versión y ante el consejo municipal de Putre señaló que el joven llegó al Cesfam sin signos vitales.

“A las 06:52 horas se recibe a un paciente sin previo aviso, se recibe a un conscripto que venía trasladado en un vehículo militar. Se constata que esta persona venía sin signos vitales ni tampoco con respuesta a estímulos ni verbales ni físicos”, señaló, asegurando que “después de seis ciclos de reanimación cardiopulmonar, el médico de turno procede a declarar el fallecimiento del conscripto. En esas circunstancias fue la atención del Cesfam”.

Los otros conscriptos con problemas

Sin embargo, este no fue el único caso de un grave problema de salud en las filas del ejército durante aquel día.

El cadete Lucas Gamboa Salinas también mostró problemas de salud, esta vez en el cuartel Pacollo, donde presentó náuseas y mareos. Producto de esto fue trasladado al mismo centro médico donde murió Vargas, pero debido a que su condición empeoró fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Arica (HJNC).

Frente a la situación, el comandante decidió despachar a todos los jóvenes que presentaran problemas de salud, ya que habían más casos de problemas en la salud de los soldados.

Un día después del fallecimiento de Franco Vargas, Byron Alarcon Ledezma, llegó a la UTI del Hospital Militar al presentar problemas respiratorios e indicios de una falla renal. Tras entrar en un estado crítico, el cadete debió ser ingresado a la UCI del recinto asistencial.

En total, son siete los conscriptos que fueron hospitalizados debido a problemas respiratorios, pero 24 quedaron bajo observación médica en el Cuartel Fontecilla.

Toda esta situación llevó a que  134 conscriptos de la Brigada Motorizada N°24 Huamachuco en Putre renunciaran a su servicio militar, de acuerdo a lo informado por el subsecretario para las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Galo Eidelstein.

De acuerdo a lo indicado por el subsecretario a la Radio Cooperativa, esto se generó por “distintas causas, como médicas, económicas y por el shock que les ha producido esta desgracia”.

Las acusaciones al Ejército

Las informaciones entregadas hasta ahora por el Ejército no han dejado tranquila a la familia de Franco Vargas, ya que la madre del joven, Romy Vargas, ha arremetido contra la institución, acusando que han habido mentiras en el caso de la muerte de su hijo.

De hecho, para la mujer, Franco no habría muerto a causa de un paro cardiorespiratorio, sino que habría sido torturado.

Frente a esto, abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) llevaron esta situación al Ministerio Público para que investigara una posible violación a los DD.HH, además de los casos de los otros cadetes afectados.

Además, la madre de Franco Vargas también ha mostrado desconfianza de la investigación que lleva adelante la justicia militar.

Los responsables de investigar

Otro flanco de este caso es sobre quién debe investigar estos hechos: la justicia militar o el Ministerio Público.

Desde la institución castrense han señalado que son ellos los responsables de llevar adelante las indagatorias, debido a que el joven fallecido estaba en condición de uniformados.

Sin embargo, esto es puesto en duda por el INDH, que ha argumentado que Franco Vargas aún era civil, por lo que debería ser investigado por la justicia tradicional.

El jefe (s) de la Unidad de Protección de Derechos del INDH, David Bahamondes, apuntó a que estos hechos podrían ser llegados a ser tipificados como apremios ilegítimos. “el instituto ha levantado información que es bastante consistente, en el sentido de que aquí se han cometido hechos que son constitutivos de delito, concretamente apremios ilegítimos como primera calificación y, en ese sentido, nosotros no solo estamos motivados, sino que obligados a actuar cuando se tiene conocimiento de violaciones a los derechos humanos”, señaló.

Ante las denuncias, el Ministerio Público Militar solicitó a la Corte Marcial el nombramiento de un ministro en visita para llevar adelante las indagatorias de la causa.

Cambios en el Ejército

Por de pronto, el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga decidió remover de sus cargos a dos oficiales, un capitán y un teniente coronel de la Brigada involucrada, ya que “indudablemente los comandantes directos que tuvieron participación en la campaña y en la ejecución de la marcha”.

Además, detalló que esta decisión la tomó “en beneficio de una mayor transparencia de la investigación en curso, especialmente en la investigación administrativa que busca determinar eventuales responsabilidades de mando, me he formado la convicción y he resuelto relevar del mando a los mandos directos del soldado fallecido: me refiero a su comandante de compañía y al comandante del batallón de instrucción en Pacollo”.

Aunque aclaró que “la investigación en curso se asume la presunción de inocencia, mientras no se comprueben sus responsabilidades efectivas por parte del fiscal militar, de la fiscalía o de un nuevo ministro en visita si así la corte marcial lo decide”.

Los trabajadores del Ejército seguirán cumpliendo funciones militares, pero en otra división, aunque no se descarta que puedan llegar a ser dados de baja: “no hay bajas porque la investigación no ha finalizado. Las investigaciones, si obtienen en el camino alguna información relevante, los mandos estamos obligados a tomar medidas de manera oportuna”.

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