Segpres no inició ningún sumario por fallida compra de casa de Salvador Allende: “No se ha configurado ninguna infracción”

A casi cinco meses de iniciada la investigación penal por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) respondió al Ministerio Público que no abrió ningún sumario administrativo, pese a que su unidad jurídica fue clave en la tramitación del decreto presidencial que autorizaba la cuestionada adquisición.

En un oficio firmado por la ministra Macarena Lobos y al que accedió La Tercera, la Segpres argumentó que no había motivos para hacer una revisión de los procesos jurídicos.”No se ha configurado ninguna infracción o incumplimiento a los deberes u obligaciones de los funcionarios”, dice el escrito. 

Esto contrasta con lo ocurrido en otras reparticiones como Bienes Nacionales, que sí iniciaron sumarios.

Consecuencias

El foco de la controversia está puesto en la abogada Francisca Moya, jefa de la División Jurídico-Legislativa de Segpres, quien visó el decreto supremo N°38 firmado por el Presidente Gabriel Boric el 25 de noviembre de 2024, con el motivo de la compra de la casa de Allende.

Lo anterior, provocó la salida de la ministra de Defensa, Maya Fernández y de la senadora Isabel Allende (PS).

Este acto administrativo fue validado por Contraloría el 20 de diciembre del mismo año, sin observaciones. “El único acto administrativo que fue ingresado a esta Secretaría de Estado, para revisión, fue el decreto N° 38, de 25 de noviembre de 2024, del Ministerio de Bienes Nacionales, por el cual se autorizó la adquisición del bien raíz”, señalaron desde la Secretaría General de la Presidencia.

Algunos dentro del oficialismo han apuntado a Moya, cercana al Mandatario y excompañera de la Universidad de Chile, como una de las responsables del traspié jurídico que derivó en un escándalo político.

Últimos en responder

La respuesta de la Segpres al Ministerio Público fue la última en llegar, el pasado 24 de marzo, casi dos semanas después de que la Fiscalía solicitara información sobre eventuales sumarios administrativos relacionados con la operación.

La Fiscalía también envió el requerimiento a Bienes Nacionales, al Ministerio de las Culturas y a Contraloría. Todos los demás organismos respondieron afirmativamente o confirmaron la revisión de antecedentes internos.

Decreto supremo 38

En su defensa, Francisca Moya ha insistido, tanto ante la Fiscalía como ante la comisión investigadora de la Cámara, que su unidad solo participó en la etapa final del proceso, revisando que el decreto cumpliera con las formalidades legales.

“Nosotros fuimos parte en este proceso de adquisición solo de la etapa relativa al decreto supremo 38 y en ese sentido no fuimos parte ni de los análisis anteriores ni de los posteriores, por lo tanto, yo no le puedo, no me puedo referir a eventuales análisis que hayan realizado otros de los equipos a cargo en este caso particular”.

En cuanto a la legalidad de los hechos, señaló “nuestra evaluación de ese acto en particular fue que este se ajustaba a derecho y por eso fue suscrito por el Presidente de la República”.

“Yo efectivamente, al igual que mi equipo, conocía la norma, como ya hemos explicado lo que a nosotros nos corresponde en este proceso es un aspecto muy específico, que es aquel que señala el artículo 6 de la ley que crea el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que es la revisión técnico-legal de este acto administrativo en particular, que es para el caso que nos reúne hoy día el decreto 38”, finalizó Moya.