“En el último cierre eleccionario se evidenció una baja de 45% en las ventas minoristas del país”: Gremios advierten millonarias perdidas económicas por cierre de locales comerciales

A juicio de los dirigentes, la medida solo beneficia al comercio informal que aprovecha la ausencia del retail formal para ocupar espacios públicos.
Este domingo 29 de junio, más de 300 centros comerciales a lo largo del país deberán cerrar sus puertas debido las elecciones primarias del oficialismo.
La medida, que coincide con las vacaciones de invierno y la llegada masiva de turistas argentinos, afecta a malls, stripcenters, caracoles y galerías administrados bajo una misma razón social, según lo establece la Ley de Votaciones Populares.
Lo anterior, ha generado un fuerte rechazo por parte de gremios del comercio, quienes a través de una carta enviada a La Tercera advirtieron millonarias pérdidas para el sector.
En el escrito, los líderes gremiales José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio; Andrés Bogolasky, presidente de Marcas del Retail y Sebastián Castillo, gerente de Asuntos Gremiales de la Cámara de Centros Comerciales, expresaron su malestar. “Se trata de una norma anacrónica y discriminatoria, que genera importantes pérdidas al sector, especialmente en regiones, donde muchas pymes funcionan en este tipo de recintos”, afirmaron. Además, sostuvieron que “los contextos han cambiado”: hoy el voto es obligatorio, la inscripción es automática y se eliminó incluso la ley seca.
¿Qué dicen los datos?
Según estimaciones gremiales, “un fin de semana representa cerca del 30% de las ventas semanales del rubro, y en el último cierre eleccionario se evidenció una baja de 45% en las ventas minoristas del país en comparación con un domingo normal, lo que significó pérdidas por cerca de US$90 millones. Esta medida solo favorece al comercio informal, que aprovecha el vacío para operar copando los espacios públicos”.
A juicio de los dirigentes, la medida solo beneficia al comercio informal que aprovecha la ausencia del retail formal para ocupar espacios públicos.
Parque Arauco, Mallplaza y Cenco Malls ya confirmaron el cierre de sus recintos este domingo 29 de junio, en cumplimiento de la legislación vigente.
Otro estudio
En paralelo, la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marcas del Retail y la Cámara de Centros Comerciales realizaron un estudio que dimensiona el impacto económico de este tipo de cierres.
La encuesta, aplicada a más de 1.100 locales y 12.500 trabajadores, reveló que un 75% de las ventas de los encuestados proviene de recintos administrados bajo una misma razón social, cifra que asciende al 85% en el caso de las pymes. Además, el 97% declaró haber cerrado en elecciones anteriores, lo que afectó directamente al 81% de los establecimientos.
Asimismo, el estudio informó que el 74% de los encuestados consideró “alto” el impacto del cierre durante la última elección, con una baja sectorial promedio del 9,7 % y el 53 % reportó caídas de entre un 5 % y 10 % en sus ingresos mensuales.
Mirada de los expertos
“Lo que estamos defendiendo es un principio, ya que esta discriminación resulta inaceptable. Los centros comerciales son lugares de encuentro, en los que las personas adquieren bienes y servicios, pero también son espacios de entretención, encuentro familiar y comunitario. Este fin de semana, dado que los estudiantes se encuentran de vacaciones, al alza de turistas por la temporada de nieve, se priva de manera injustificada a un sector relevante de funcionar normalmente, con impacto a sus trabajadores y usuarios”, señaló Sebastián Castillo.
Por su parte, Andrés Bogalosky, enfatizó en que “esta es una normativa anacrónica, que termina castigando al sector más regulado del país. Votar y trabajar no son actividades incompatibles. Hoy existen mecanismos que permiten asegurar ambos derechos, sin perjudicar a miles de trabajadores ni a las pequeñas empresas que dependen de esos días para sostener su operación”, afirmó.
Finalmente, José Pakomio remarcó que la ley vigente responde a una realidad superada. “Hoy el país ya no está en el mismo escenario que motivó esta normativa en 2004. No tiene sentido mantener una medida que afecta el dinamismo económico del país y que no tiene impacto comprobado en la participación electoral”, concluyó.
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