Contraloría detectó pagos injustificados por $330 millones en el proyecto de mejoramiento de la Ruta 66

En el marco del proyecto de mejoramiento de la Ruta 66, conocida como Camino de La Fruta, una obra estratégica que busca mejorar la conectividad entre las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana, la Contraloría General de la República detectó pagos improcedentes por $329.540.767.

Según el informe final del ente fiscalizador, la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC) aceptó como gastos válidos para la construcción de la obra montos de $1.734.425.077, sin que se acreditara su relación directa con la ejecución del proyecto.

¿Qué detalla el informe de la Contraloría?

El documento, que revisa el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de abril de 2024, indica que “los antecedentes proporcionados por la DGC no permiten sustentar por sí solos, que los gastos considerados por la dirección para determinar el valor de las facturas por el servicio antes señalado -y a partir de las mismas, solventan los montos de IVA que en estas se indican-, tengan la aludida relación con la ejecución de esta obra“. 

Otros hallazgos

El documento también señala que la Inspección Fiscal aprobó un 80% de avance en dos subsectores de la obra sin contar con respaldo documental que acreditara ese nivel de progreso. Además, se constató que la empresa concesionaria entregó de forma incompleta algunos de los proyectos de ingeniería de detalle, situación que no fue advertida por la inspección fiscal. Asimismo, se aprobó un proyecto de agua potable y alcantarillado para el área de servicios generales sin contar con la autorización de la autoridad sanitaria, lo que constituye una infracción a las bases de licitación.

¿Qué acciones se tomarán?

Desde la Contraloría anunciaron que formularán el correspondiente reparo contable y presentará la demanda que da inicio al juicio de cuentas.

Asimismo ordenó a la Dirección General de Concesiones a: Acreditar documentalmente los porcentajes de avance validados hasta ahora; El fiscal deberá proponer multas al concesionario por el atraso en la entrega de los proyectos de ingeniería y por la falta de autorización sanitaria e iniciar un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de las irregularidades detectadas.