El complejo panorama de la megatoma en San Antonio: Mesa de trabajo fracasó y se acerca posible desalojo

Las negociaciones, que se extendieron por seis meses y comprendieron 17 reuniones, terminaron sin acuerdo debido al alto valor exigido por la inmobiliaria y constructora San Antonio para la venta de los terrenos.
Tras el fracaso de la mesa técnica que buscaba resolver el conflicto entre los ocupantes y los propietarios del terreno, la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, corre el riesgo de ser desalojada masivamente.
Las negociaciones, que se extendieron por seis meses y comprendieron 17 reuniones, terminaron sin acuerdo debido al alto valor exigido por la inmobiliaria y constructora San Antonio para la venta de los terrenos.
Asimismo lo dio a conocer a Radio Duna el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien además señaló que esto “da cuenta absolutamente de una incapacidad institucional para poder allanar el acuerdo”.
¿Por qué no se llegó a un acuerdo?
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) coincidió en que la principal barrera para un acuerdo fue la diferencia en la tasación de los terrenos y “las posturas adversariales de los representantes de los propietarios, y las condiciones comerciales exigidas por quienes han abordado esta operación como ´una compraventa más´”.
Si bien aseguraron que “los propietarios tienen pleno derecho a decidir si participan o no en la compraventa de los terrenos conforme al principio de libertad de contratación”, pusieron sobre la mesa que “una real voluntad por llegar a acuerdo en este caso requiere ponderar las especiales circunstancias del caso y evaluarlas en su justa medida”, señalaron.
En ese sentido, el ministerio explicó que el valor ofertado por los propietarios triplica la tasación encargada por la cartera y no es “financiable ni sostenible en el tiempo por las familias”.
Además, el Minvu denunció que sus alternativas técnicamente justificadas fueron rechazadas sin presentar nuevas opciones.
¿Qué dicen los pobladores?
La Federación de Cooperativas de Vivienda del Cerro Centinela lamentó que, pese a “todo nuestro esfuerzo, voluntad y disposición”, no fue posible lograr un entendimiento que garantizara la seguridad habitacional de las familias.
“Pese a este escenario, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando de manera organizada y perseverante. No bajaremos los brazos”, aseguraron los pobladores, que suman 10.251 personas distribuidas en 4.136 hogares.
Por su parte, los propietarios alegaron que no existían garantías ni información fidedigna sobre los compradores y que la negociación se desarrolló sin condiciones claras para la compra en un solo acto.
“Lamentamos, una vez más, el abandono estatal, ya que llevamos seis años intentando recuperar nuestro terreno o llegar a un acuerdo que nos permita recuperar en parte nuestro patrimonio usurpado”, señalaron.
Sin embargo, Gloria Maira, encargada de las negociaciones del Minvu, señaló que “tras la última sesión de la Comisión Técnica destinada a construir una propuesta de precio, garantías y condiciones para la compra-venta del terreno”.
“Lamentamos la intransigencia de los representantes de los propietarios, quienes mantuvieron precios inalcanzables y abordaron la operación como una compraventa común, sin considerar el contexto de un megacampamento de 215 hectáreas y con familias pertenecientes al 40% más vulnerable de la población. Esperamos que los propietarios se abran a seguir conversando para lograr una solución efectiva para las familias y la ciudad de San Antonio”, agregó.
Posible desalojo
Con la mesa técnica quebrada, el escenario apunta a un desalojo masivo, activando la orden judicial emitida por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y confirmada por la Corte Suprema.
Sin embargo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicó que la ejecución del desalojo requerirá un proceso coordinado que podría extenderse por varios meses, involucrando a municipios, servicios públicos y contingentes policiales.
El Gobierno, a través del Minvu y la Subsecretaría del Interior, reconoció la magnitud del desafío humanitario, que afecta especialmente a los sectores más vulnerables: 3.146 niños y adolescentes, 923 adultos mayores y 649 personas con discapacidad se encuentran entre los ocupantes.
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