Por segunda vez en apenas 13 meses, el Congreso de Estados Unidos aprobó someter al presidente Donald Trump a un juicio político.
Este miércoles, la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes y 10 republicanos convirtieron a Trump en el primer mandatario de la historia del país en tener dos impeachments en su currículum.
Los parlamentarios acusaron al presidente de “incitación a la insurrección”, luego de que miles de sus seguidores asaltaron el pasado 6 de enero el Capitolio.
Por su parte, Trump rechazó la acusación y aseguró que este proceso es una “continuación de la caza de brujas” en su contra.
El primer impeachment, que acusó al mandatario de abuso de poder y de obstrucción al Congreso, no logró la destitución del mandatario, quien fue exonerado por el voto casi unánime de la mayoría republicana en el Senado.
Sin embargo, las circunstancias son ahora distintas debido a que el mandatario no tiene el apoyo monolítico del Partido Republicano, que pronto dejará de ser mayoría en el Senado.
¿Cómo y cuándo se realizará el juicio?
Tras la aprobación en la Cámara Baja, la acusación formal pasa al Senado que es donde se revisa el impeachment propiamente y una condena requiere de dos tercios de la votación.
Gracias al control que tienen sobre la Cámara de Representantes, los demócratas pueden decidir cuándo enviar la acusación al Senado, que tendría que iniciar el juicio inmediatamente.
Sin embargo, incluso si la Cámara de Representantes decidiera remitir la acusación inmediatamente a la Cámara Alta el proceso no terminaría antes de que entre en funciones el nuevo gobierno, advirtió el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.
¿Qué pasaría si se aprueba el impeachment contra Trump?
Quienes promueven, como la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el juicio político apuntan que el objetivo va más allá de sacar a Trump de la presidencia.
Si es condena, el Senado también puede resolver prohibirle ostentar cualquier cargo público en el futuro.
También perdería los beneficios otorgados a sus predecesores según la Ley de Ex presidentes (1958) que incluyen una pensión, seguro médico, un presupuesto para viajes de hasta US$1 millón y una serie de medidas de seguridad, todo ello pagado por los contribuyentes.
Además, pondría fin a la posibilidad legal de que Trump busque postularse nuevamente a la presidencia en 2024 y podría permitir a sus adversarios dentro del Partido Republicano intentar recuperar el control de esa institución.
